El "niño terrible" del Poder Judicial

Un día decidió dejar de usar corbata, pues, según comentó a un amigo, era una vestimenta que "uniformaba" a las personas y "validaba estereotipos en las estructuras jerárquicas" de las sociedades.

El juez de garantía Daniel Urrutia Laubreaux, de 41 años, comenzó entonces a usar camisas blancas con bordados multicolores en el pecho, imitando las que popularizó el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que están inspiradas en el arte de los indígenas otavaleños. Quienes lo conocen cuentan que no sólo decidió usarlas en el estrado, sino que -además- él mismo diseñó los bordados que están hechos a mano.

La "pinta" del magistrado se transformó en comentario obligado de fiscales, defensores y abogados que desfilan por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los tribunales más importantes de la capital. Pero a nadie le sorprendió tanto, porque "era el juez Urrutia".

En 2005 fue la primera vez que este egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile desafió a sus superiores.

Quienes lo conocen desde esa época sostienen que ese hito coincide con un cambio radical en su vida: de ser un estudiante de bajo perfil, católico, que se opuso a que en la escuela se instalara una máquina expendedora de condones a convertirse en una suerte de "paladín" de la defensa de los derechos humanos y un constante dolor de cabeza para las cúpulas del Poder Judicial.

Urrutia ese año era juez de garantía de Coquimbo y decidió realizar un postítulo que fue calificado con nota 7,0 por el abogado José Zalaquett. Su tesis fue revolucionaria para esa época. Recién instalándose la Reforma Procesal Penal en el país y esta nueva figura del magistrado que debe velar por el debido proceso en el entonces naciente sistema, Urrutia hizo un duro emplazamiento a sus superiores. En su tesis de posgrado dijo que la Corte Suprema debía pedir perdón por su rol durante el régimen militar. El hecho escandalizó a las autoridades judiciales de la época y se tradujo en un sumario y su primera sanción por "atacar" al máximo tribunal del país.

En 2013, cuando se conmemoraron 40 años del Golpe, la Suprema hizo una histórica declaración en que si bien no pidió perdón, reconoció haber omitido su rol de defensa de derechos humanos en el régimen de Pinochet. La misma tesis que ocho años antes le valió a Urrutia su primer castigo.

Hoy, el juez está otra vez en el ojo del huracán. Titular del tribunal de garantía en que se tramitan casos como el denominado "milicogate" y "mascadas", Urrutia ha batido un récord en materia disciplinaria, ya que en dos años acumula siete sumarios, tres de los cuales están paralizados por el Tribunal Constitucional (TC). A esto se suma que es investigado en una causa penal por la Fiscalía Sur, por supuesta prevaricación.

Su caso ha sido tomado como bandera de lucha por los dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), quienes llevaron este caso -y el de otros dos jueces- ante el TC para que se declare inconstitucional el proceso disciplinario del Poder Judicial en el que acusan falta de un debido proceso y violación de garantías.

El magistrado Mauricio Olave -quien fue compañero de generación de Daniel Urrutia en la universidad y que hoy es dirigente del gremio que une a los jueces del país- sostiene que "él está tranquilo, cuenta con nuestro respaldo en la necesidad de mantener independencia y garantía del debido proceso para los jueces y esperamos que el TC cumpla con su rol y falle a su favor".

Tribunal intervenido

Pese a que la directiva de la ANM le brinda un apoyo irrestricto, Urrutia no goza de simpatía entre sus pares y tampoco entre los funcionarios de su tribunal. El año pasado, cuando ocupó el cargo de juez presidente del 7° Juzgado de Garantía, se enfrascó en discusiones con el administrador y con profesionales encargados de las actas de las audiencias. En una denuncia ante la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, presentada el 6 de julio de 2016, los funcionarios describen que "con asombro creciente hemos sido víctimas y testigos de una serie de malos tratos, hostigamientos y demostraciones de poder, del todo injustas y oprobiosas, efectuadas por el juez Urrutia".

El mal clima laboral y la serie de "indisciplinas" de Urrutia hicieron que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera intervenir el tribunal. La ministra Adelita Ravanales, visitadora del juzgado, se fue a instalar al Centro de Justicia para analizar su gestión y proponer una fórmula para superar una crisis en la que en un minuto hubo 15 funcionarios con licencia médica por estrés.

Uno de los trabajadores del lugar sostiene que "es peculiar la postura del juez Urrutia, lucha por terminar con el trato jerárquico de los ministros, pero no es capaz de hacerlo él mismo con sus propios funcionarios".

El 7° de Garantía actualmente está intervenido por la Asociación Chilena de Seguridad, una situación inédita, comentan altas autoridades del Poder Judicial. En paralelo, el juez Urrutia intenta revertir su situación ante el TC, pues si es sancionado tres veces en un plazo de tres años será removido. No es la primera vez que este magistrado pasa por una situación de este tipo.

"Exilio" en México

Luego de su primera sanción el 2005, dos años después fue amonestado junto a otros jueces del 7° Juzgado de Garantía tras conocerse diferencias de opinión que los sancionados tuvieron en una diligencia probatoria del denominado "caso quesos mágicos", con el entonces magistrado Guillermo de la Barra, quien actualmente es superior jerárquico de Urrutia, ya que fue nombrado ministro de la corte santiaguina.

Esa segunda sanción motivó un viaje de Urrutia a México para "sanear su hoja de vida" y evitar la tercera sanción que lo expulsara del Poder Judicial.

Estuvo tres años viviendo un "autoexilio" en el "Estado Libre y Soberano de Chiapas". Hizo clases en la Universidad Autónoma de esa ciudad. Lejos de morigerar su veta de defensor de derechos humanos, esta experiencia profundizó su convicción de que "cada vez que en un lugar del mundo se viola un derecho fundamental, es porque un juez no intervino", como les ha señalado a sus amigos para justificar su conducta.

En esa época, seis de sus estudiantes fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes y Urrutia decidió ser aún más "latinoamericanista".

Hace algunos meses, comenta un funcionario del 7° de Garantía, llegó una machi al tribunal. Ninguno de los presentes se cuestionó mucho la escena, "era obvio que iba al despacho del juez de la camisa de colores". Otro profesional aseguró que intentó que las salas del tribunal tuvieran señaléticas en español y en mapudungún, la lengua mapuche. No concitó apoyo institucional.

El magistrado, cuya figura es una de las más controvertidas del actual sistema penal, inspira una cruzada de apoyo internacional de redes de jueces y abogados ligados al mundo de los derechos humanos, que ven en él una víctima de la persecución de un poder del Estado. A nivel interno, suscitó esta semana el apoyo de 85 abogados chilenos, que a través de una carta publicada en La Tercera manifestaron abiertamente su apoyo. Sin embargo, no hay términos medios para la opinión que Urrutia genera en el mundo judicial. O valoran su arrojo o critican sus formas.

La mayoría de los fiscales que han litigado en su tribunal, quienes principalmente son de la zona Centro Norte, aseguran que desde el estrado excede sus facultades. "Nos hace sentir muchas veces como un enemigo, es como que tuviéramos que litigar contra el defensor del imputado y además el magistrado", dijo un persecutor que lo conoce desde el 2006, año en que llegó como juez a Santiago.

Desde su entorno, aseguran, Urrutia cree que su rol es asegurar las garantías del imputado, pues es éste el que se enfrenta a todo el poder estatal: fiscalía y la policía. Una vez le comentó a un colega que antes de llegar a ese tribunal, el 7° de Garantía, era llamado "la séptima fiscalía", porque tras un año de funcionamiento -la Reforma Procesal Penal se instaló en la Región Metropolitana a mediados del 2005- nunca se decretó una detención ilegal en esa jurisdicción, hasta su desembarco.

Tras la huella de Garzón

La Fiscalía Sur hoy tramita una causa penal en su contra por uno de los hechos que abrió uno de sus siete sumarios, quizás el más grave: una eventual prevaricación. Este delito se le imputa a un juez que falla contra lo que dispone la ley.

Urrutia sobreseyó a 76 pe rsonas de la agrupación Andha Chile que habían sido llevadas ante la justicia por el Ministerio Público por desórdenes en el marco de una protesta al interior de un banco. Algunos de los manifestantes ya habían sido condenados en el proceso. Pese a ello, el magistrado acusó a la fiscalía de discriminar a esos imputados y pretender acallar con eso la "protesta social". Anuló fallos ya ejecutoriados y a todos les aplicó un sobreseimiento que luego fue revocado por la corte santiaguina, desatando, una vez más, la molestia del tribunal de alzada.

Su último sumario, el séptimo ya, es por haberle ordenado al Servel y a Gendarmería instalar mesas de votación en la cárcel para que imputados en prisión preventiva que no han perdido su derecho a voto lo hicieran. "Quedamos atónitos, todo un circo armado porque el niñito terrible quería que 22 presos votaran, por supuesto que anulamos lo que hizo, y se ordenó un sumario, no porque se crea que los imputados en prisión preventiva no pueden votar, sino porque todo lo que hizo fue irregular, ir de visita sin estar asignado, autoagendarse una audiencia... Los ánimos de figuración ya excedieron toda lógica", dijo un ministro de la Corte de Santiago, la misma que ya le propuso a la Corte Suprema que, por lo pronto, traslade a Urrutia de tribunal.

Algunos jueces, que no pertenecen a su círculo íntimo, aseguran que toda su rebeldía es parte de un diseño comunicacional que busca instalarlo en escenarios internacionales, que si es expulsado podrá recorrer el mundo siendo el primer magistrado chileno alejado de sus funciones por su "actuar político" en estrado y por desafiar a sus superiores. "El quiere ser un juez como Juan Guzmán, como Baltasar Garzón", dicen.

En la Suprema miran con distancia el conflicto. Saben que en algún momento tendrán que volver a pronunciarse respecto del mismo juez que en 2005 los desafió a pedir perdón. Y, aseguran, es posible que tres sanciones lo exoneren.En las últimas semanas, Urrutia no parece ser el mismo. Volvió a ocupar corbata y no ha protagonizado ninguna polémica. Toma su mate de vez en cuando en el estrado y está reflexivo. En su estado de WhatsApp no aparece su nombre, sino "L'enfant terrible" (niño terrible). La expresión francesa para aquellos niños que hacen preguntas incómodas a sus padres, pero que también se usa en personas vanguardistas y cuyas opiniones se apartan de las reglas tradicionales.