Desde una declaración jurada, mediante la cual un padre autoriza a un jardín infantil a dar el almuerzo a su hijo, hasta la venta de un vehículo, pasando por la firma de un pagaré bancario. Estos son algunos de los trámites que se pueden realizar en las 398 notarías que la asociación gremial contabiliza en el país, un centenar de las cuales están en Santiago.

Se trata de un mercado que, pese a estar regulado por ley, muestra fuertes variaciones en sus precios frente a un mismo servicio. Un sondeo efectuado en La Tercera, en 40 notarías de la capital, mostró que las diferencias pueden alcanzar hasta un 300%.

A esto se suma un Proyecto de Ley -presentado en 2012-, que busca mejorar la transparencia del sistema y que actualmente no tiene urgencia.

"Estaba haciendo el trámite de la firma de mi finiquito, pero en una (notaría) me cobraban $2.000 y en otra $3.000, por el mismo documento", contó Catherine Escobedo (19), estudiante de trabajo social, tras salir de una de estas oficinas, en el centro.

Paola Talguía (26), funcionaria bancaria, relató una situación similar: "Estoy legalizando una fotocopia de mi título de estudios y me acabo de dar cuenta de que entre una y otra el valor cambia en $1.000, y no sé por qué".

El recorrido de este medio incluyó notarías de Santiago Centro, San Miguel, La Cisterna, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, La Florida, Lampa, Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Lo Barnechea.

En este itinerario se constató que el precio de notariar una carta de renuncia (redactada por el solicitante) oscila entre $1.000 y $3.500, y que por un finiquito se cobra entre $1.000 y $4.000 (ver infografía). También permitió observar que los valores reales de los productos no suelen estar a la vista del público.

La operación del sistema es defendida por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, donde -aseguran- cada año efectúan cerca de 18 millones de trámites. "Hay que pagar cuentas, funcionarios, arriendos y un sinfín de cosas para poder dar una atención adecuada, porque la gente lo necesita. Y, aunque los precios están congelados desde 1998, normalmente se cobra por bajo lo estipulado en la ley. Pero, aún así, el sistema funciona bien y los problemas que hay son casos excepcionales", asegura el notario Armando Arancibia, presidente de la entidad.

El congelamiento al que alude se refiere a que los valores máximos por producto están estipulados en el Decreto Exento 587, que data de 1998, norma que debe estar colgada en un lugar visible para el público de estos recintos.

Respecto de los valores cobrados por estos servicios, el decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Roberto Nahum, tiene una posición crítica. Afirma que, si bien existe un grupo de notarios que mantiene los aranceles legales, otros los suben en forma arbitraria (ver nota abajo).

Alfredo Martin Illanes, vicepresidente de la asociación, asegura que todos los cobros tienen un fundamento legal: "la fotocopia del título, por ejemplo, aparece en el artículo primero, números 5 y 14, por ésta debiera cobrarse un máximo de $2.000. La ley presenta un máximo para todos los aranceles, por eso, hacia abajo, puede haber variaciones. Además, muchos de los trámites también tienen alzas sutiles, a veces de $500, por otros servicios anexos, como la redacción del documento o cuando se agrega otro certificado. Si eso no se respeta, en nuestra web hay un link para los reclamos", recalca.

En el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) afirmaron, por escrito, que "los consumidores tienen derecho a que se les cobre el arancel que corresponde y a reclamar ante las gobernaciones, intendencias o ministros en visita frente a irregularidades". Añadieron que "las notarías deben cobrar las tarifas que establece el decreto; en caso contrario, se estaría infringiendo la normativa".

REFORMA LEGAL

En la Asociación plantean que las tarifas, y la modernización del sector, es una necesidad. En octubre, el Gobierno envió al Parlamento un proyecto para reformar el sistema, que se encuentra en la Cámara, sin urgencia para su tramitación. Consultados sobre si se enviará una segunda parte del proyecto al Congreso, en el Ministerio de Justicia declinaron referirse al tema.

Olga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados, desataca que el sistema tiene "un índice de confiabilidad cercano al 100% y respalda la fe pública de todo lo que se tramita en Chile". Agrega que, si bien "se necesita una actualización, hay diferentes precios porque las notarias son diferentes y se ven obligadas a hacer sus cálculos en base a sus costos".

El notario suplente de Santiago, Cristián del Fierro, afirma que "la forma de calcular el arancel es compleja, porque cada acción del notario tiene un valor en el arancel y, además, existe una posibilidad de cobrar un porcentaje del acto jurídico cuando son compraventas, constituciones de sociedad y otros contratos".

Sobre la información que se entrega al público, la notaria Gloria Ortiz, de Lampa, sostiene que "es tan amplia la gama de documentación que hace una notaría, que confeccionar un listado de precios también para la gente, es un poquito complejo".

FISCALIZACION

La fiscalización de estas entidades la realizan los ministros de la Corte de Apelaciones. La presidenta del tribunal de alzada de Santiago, Gloria Ana Chevesich, detalla que un ministro suele visitar sus notarias entre seis y siete veces al año. En esos recorridos, sostiene, se debe preocupar de que exista un cartel visible para el público, con el nombre del ministro visitador y con el decreto 587; que las dependencias estén aptas para los usuarios y empleados, y que los libros estén en orden.

"Los precios deben ajustarse a lo legal. Si algún particular considera que eso no es así, puede informar al ministro visitador o reclamar directamente ante la Corte de Apelaciones, que lo examina en el pleno de la Corte y lo investiga. Si nadie reclama, debemos entender que se está aplicando el arancel correctamente. El año pasado vimos uno o dos reclamos y este año ninguno", recalca.