La Asociación de Notarios dio inicio a la ofensiva para anular el decreto dictado por el Ministerio de Justicia, que estableció la creación de más de 100 nuevos puestos de notarios y conservadores.
Así, el viernes pasado la entidad gremial envió un oficio a la Contraloría, solicitando que se pronunciara de la decisión de la secretaría de Estado, entregando además sus argumentos de por que dicha resolución se encuentra alejada de la normativa chilena.
El texto indica que "se le requiere para que emita su pronunciamiento fundado acerca del contenido y los efectos del Decreto Supremo Exento N° 1515, de 2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es uno de los órganos de la organización central del Ejecutivo, a los que le compete fiscalizar".
A continuación, se desarrollan una serie de puntos que los notarios piden ser tomados en cuenta por el ente contralor. En este sentido, el escrito asegura que el decreto "ha sido dictado sin respetar las reglas constitucionales y legales básicas que rigen la actuación de los órganos administrativos".
Otro de los argumentos esgrimidos es que con esta medida, el Ejecutivo "crea un altísimo número de cargos en diversas zonas del país, con carencia evidente de datos y fundamentos objetivos y razonables (...) En circunstancias que tal atribución sólo compete ejercerla al legislador -Congreso Nacional-, previo mensaje enviado por el Presidente de la República".
Este recurso fue presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien asesora a la Asociación de Notarios en esta materia. Respecto del motivo por el cual acudieron a la Contraloría, el profesional explicó que "aún cuando el Ministerio de Justicia estime que se trata de un decreto exento, la verdad es que el órgano contralor mantiene sus facultades de control y a su vez puede representar todas aquellas ilegalidades, no sólo formales, sino que también sustanciales, que ese acto administrativo demuestra".
Añadió que con esta acción, la agrupación notarial está buscando que se invalide la resolución del Ministerio de Justicia.
Manríquez, eso sí, dejó la puerta abierta para acudir a otras instancias para perseguir este mismo objetivo. "Esta vía es sin perjuicio de otros medios de impugnación, que conforme al ordenamiento jurídico quedan abiertos para todos aquellos que se sientan afectados por las consecuencias de un acto, que según lo que se ha estudiado, es contrario al sistema legal en su conjunto".
