El pasado 2 de julio, la Contraloría tomó razón del decreto con fuerza de ley que fija la planta del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental. Este importante paso constituye el inicio de una nueva etapa en el desempeño ambiental de nuestro país, que nos permitirá situarnos a un nivel de vanguardia internacional en esta materia.

La nueva institucionalidad comprende la creación de tres organismos: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente. Estas instituciones no son una mera continuación de las labores que desempeña la actual Conama, sino que se trata de organismos nuevos y que responden a lógicas distintas, separándose la evaluación ambiental, que queda radicada en un organismo técnico denominado Servicio de Evaluación Ambiental, de la elaboración de políticas y normas, así como la gestión en temas de educación ambiental y recursos naturales, que quedan al amparo del Ministerio del Medio Ambiente.

Por su parte, las labores de fiscalización y sanción se enmarcan dentro de las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Adicionalmente, y como una forma de completar este rediseño, en el Senado se encuentra en discusión el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental, organismo de suma importancia para el gobierno, puesto que las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente están supeditadas a la aprobación de dicho tribunal.

En este camino, con la finalidad de generar un mejor acceso a la justicia en este ámbito, aumentamos de uno a tres los tribunales ambientales, los cuales tendrán jurisdicción sobre agrupaciones de regiones. El citado tribunal permitirá contar con un órgano jurisdiccional de carácter especializado, de integración mixta y con amplias competencias, capaz de resolver las situaciones de tipo ambiental que se susciten en el futuro.

Asimismo, nos encontramos trabajando en la elaboración del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, el que nos permitirá proteger de mejor manera nuestros recursos naturales. De acuerdo a lo indicado por la Ley N° 20.417, este proyecto se ingresará al Congreso Nacional antes de fin de año.

Pero la política ambiental de un país no se construye solamente con nuevos organismos, sino que debe estar centrada en una mirada integral vinculada al concepto de desarrollo sustentable, que impregne el accionar no sólo de las nuevas instituciones, sino de todos los chilenos. Por ello, enfocaremos nuestras energías en mejorar la calidad de vida de las personas a través del cuidado del medioambiente, lo que significará un claro beneficio para la actual y futuras generaciones.

Por otra parte, junto a la implementación de la nueva institucionalidad, desarrollaremos una importante agenda legislativa y una serie de medidas orientadas a la regulación de los residuos sólidos, la certificación de los artefactos de combustión a leña, la incorporación de instrumentos económicos de gestión ambiental que permitan incentivar el cumplimiento de la normativa, y un marcado énfasis en la educación ambiental, componente clave que permitirá crear una verdadera conciencia ambiental en nuestro país.

De esta forma, podremos hacer de la sustentabilidad nuestra bandera y así cumplir nuestro desafío de mejorar la calidad de vida de las personas, creando una sociedad de igualdad de oportunidades y cuidar nuestro medioambiente.