Si bien es uno de los ejes estructurales del programa de gobierno de Michelle Bachelet, en el oficialismo no hay una postura unánime frente a la fórmula del Ejecutivo en la reforma educacional, que busca poner fin al copago, la selección y el lucro en los colegios particulares subvencionados.

Uno de los puntos que genera críticas y dudas es la facultad y el procedimiento que podría usar el Estado para la compra de establecimientos educacionales, cuyos dueños que se opongan transitar a un sistema sin fines de lucro.

Esta divergencia se acentuó luego de ser conocido el informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que establece el costo fiscal para la compra de infraestructura y terrenos a los sostenedores. 

Según las estimaciones de la Dipres, el costo de compra de infraestructura sería de US$ 5 mil millones como máximo en 12 años. 

El Ministerio de Educación, dirigido Nicolás Eyzaguirre, sin embargo, había calculado un desembolso fiscal por ese tema cercano a los US$ 2.500 millones.

Consultado al respecto, Eyzaguirre explicó que Hacienda debía hacer un cálculo desde el punto de la "responsabilidad fiscal". "La estimación que hace Dipres no es una estimación de lo que se va a gastar, sino de cuál sería el máximo potencial a gastar si es que se compraran todos los colegios y al mayor valor posible", argumentó el ministro, junto con insistir en que el costo será menor.

Sobre la finalidad de los recursos, Eyzaguirre añadió que “todos los recursos adicionales producto de esta reforma van a ir a la calidad de la educación y no a la compra de fierros y ladrillos, como algunos han dicho”.

Aunque en el gobierno señalan que no hay una contradicción entre lo que dice la Dipres y Educación, en el oficialismo el tema generó preocupación.

Ya en los últimos días algunos legisladores de la Nueva Mayoría (desde la DC al PC), venían expresando, en privado y en público, reparos a la propuesta para comprar colegios, cuyos sostenedores no quieran adaptarse al modelo exento de lucro.

Si bien la mayoría comparte el objetivo de terminar con el lucro, creen que existe un riesgo de dilapidar recursos fiscales, ya que la fórmula propuesta por Eyzaguirre  puede prestarse para manejos especulativos con el valor de los colegios.

“No es bueno destinar platas para comprar construcciones, sino que la plata hay que destinarla, fundamentalmente, a la calidad de la educación pública. Ahí tengo un signo de interrogación”, expresó el senador DC Andrés Zaldívar.

El senador PS Carlos Montes defendió el espíritu de la medida, pero admitió que “eso hay que revisarlo, no creo que se apruebe en los mismos términos”.

En la Cámara, en tanto, también reconocieron aprensiones. “El monto de cinco mil millones es excesivo. Es una estatización de los establecimientos”, dijo el diputado DC Jorge Sabag.

La PPD Cristina Girardi defendió la reforma, pero señaló que es necesario contestar algunas preguntas.

Ante las dudas y críticas, en tanto, el senador PS, Fulvio Rossi y el diputado DC, Mario Venegas, quienes presiden comisiones de Educación del Senado y la Cámara, pidieron unidad y respaldaron la reforma.