Una diferencia de fondo al interior de la Nueva Mayoría se produjo ayer en la tarde, durante una reunión-almuerzo que sostuvo la ministra Ximena Rincón (Segpres) con los presidentes de los partidos del conglomerado.
Varios de los asistentes a la cita -en la que también participaron integrantes del oficialismo de las comisiones de Hacienda y Constitución-explican que se analizó con la secretaria de Estado la posibilidad de incluir la sanción de destitución de parlamentarios en el proyecto que perfecciona el sistema de financiamiento de las colectividades y las campañas políticas. Sin embargo, hubo contrastes entre los dirigentes.
La medida ha sido promovida históricamente -y también en los últimos días- por el senador y líder del MAS, Alejandro Navarro, y fue solicitada también esta semana por la presidenta de la Cámara Alta, Isabel Allende (PS). E implica sancionar hasta con la destitución de su cargo a los legisladores que superen el límite de gasto electoral que fija la ley o que reciban financiamiento irregular para sus campañas (ya sea por obtener un aporte monetario no declarado ante el Servel o en el caso que esa ayuda se produzca fuera del período permitido).
En este marco, quienes insistieron con esta idea en la reunión de ayer fueron, además de Navarro, los timoneles del PPD, Jaime Quintana, y del PRSD, Ernesto Velasco, quienes plantearon que existe la posibilidad de incluir esa sanción en el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, los asistentes dicen que el líder de la DC, Ignacio Walker, solicitó un mayor tiempo de discusión para este aspecto y advirtió que ese tema requiere una modificación a la Constitución, algo que -dijo- imposibiltaría incluirlo en el texto actual. Pero el resto cree que se puede incorporar esto en el proyecto y, en paralelo, discutir el cambio constitucional. "No es un camino resuelto, pero varios creemos que esto se puede tipificar ahora como una sanción, en paralelo a una reforma constitucional", dijo Velasco. Quintana, en tanto, sostuvo que "hay quienes creemos que se deben incorporar sanciones más drásticas, y la pérdida del escaño debe ser discutido".
Una vez finalizado el encuentro, la ministra Rincón señaló, al ser consultada, que esta disposición está siendo estudiada por el gobierno. Y agregó que "es algo que vamos a evaluar en la discusión legislativa".
GOBIERNO EVALÚA
El proyecto del Ejecutivo se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia en la que se ha discutido desde la semana pasada, con la presencia de la titular de la Segpres.
Entre otras cosas, el texto propone eliminar los aportes de empresas a campañas políticas y prohibir las donaciones reservadas, junto con establecer un financiamiento estatal permanente para las colectividades con representación parlamentaria.
Rincón informó ayer que el gobierno no le pondrá, al menos por ahora, ningún tipo de urgencia a la iniciativa. La idea es evitar acelerar la discusión -lo que abriría críticas desde la Nueva Mayoría y, especialmente, desde la Alianza- y buscar un acuerdo amplio con todos los sectores. Esto último, considerando la disposición de RN y los contactos que tuvo hace algunos días el timonel de la UDI, Ernesto Silva, con la ministra para manifestar su apertura a legislar sobre el financiamiento de la política. "El desarrollo del trámite legislativo seguirá sin necesidad de poner ningún tipo de urgencia, porque ya tenemos acordado un calendario en esta materia con la oposición", explicó Rincón.
