Hace poco más de un mes, el 5 de marzo pasado, el Congreso aprobó y despachó el proyecto de ley que modificó la Ley Orgánica de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). La iniciativa reduce la dotación y reorganiza el funcionamiento de los TTA en el país, a la luz de una demanda menor a la proyectada al momento de su implementación, que comenzó de manera progresiva en 2010 y que culminó el año pasado, con la incorporación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo O´Higgins.

Sin embargo, las nuevas atribuciones que el proyecto de reforma otorga al Servicio de Impuestos Internos (SII) en la fiscalización del cumplimiento tributario podrían implicar un reestudio de esta medida, estiman expertos tributarios.

En concreto, el proyecto faculta al SII para requerir sistemáticamente información de contribuyentes desde otras entidades estatales, como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS); acceder a información de personas sobre operaciones pagadas por medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito); e introduce una norma general antielusión para "reconocer las ventajas tributarias obtenidas mediante planificaciones elusivas", sancionando a los asesores tributarios que colaboren en ello. Para el cumplimiento de estos objetivos, se plantea aumentar en 500 el número de fiscalizadores del SII, partiendo con 123 funcionarios este año.

PRIVACIDAD

La abogada constitucionalista y presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, expresa su inquietud por las mayores facultades que se entregarían al órgano fiscalizador, las que a su juicio -por ejemplo, en el caso del acceso a información sobre compras realizadas mediante medios electrónicos- "lesionan la intimidad de las personas (...) la Constitución Política reconoce el derecho a la privacidad de las personas y a la inviolabilidad de su información íntima. Eso se estaría vulnerando con estas normas".

Agrega que es esperable que lo anterior redunde en un aumento de las causas tributarias en los tribunales especializados. "El Colegio de Abogados siempre se opuso a la disminución de las dotaciones, que consideramos como absolutamente inconveniente, lo que, de aprobarse esta ley, quedará aún más de manifiesto".

Coincide el director del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile, Gonzalo Polanco. Admite que "es probable que las nuevas atribuciones del servicio se traduzcan en un aumento de las controversias que tendrán que ser resueltas por los TTA. La demanda va a ser mayor, lo que es contradictorio con la decisión que se tomó en el gobierno anterior de reducir las dotaciones y reorganizar tribunales. Es probable que eso se tenga que reestudiar", señala.