EL SÁBADO pasado, 40 días después del plebiscito que rechazó el anterior pacto -como lo precisó el propio Presidente Juan Manuel Santos en su mensaje ese día- el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron un nuevo acuerdo que incluye parte de las exigencias hechas por los sectores que apoyaron el "No". Se recibieron más de 500 propuestas de organizaciones sociales, religiosas, víctimas de la violencia y partidos políticos que se agruparon en 57 temas, según el mandatario colombiano, quien aseguró que "todas, absolutamente todas fueron discutidas en profundidad con las FARC y defendidas por la delegación del gobierno con lealtad y fidelidad a lo expresado por los distintos sectores".

Si bien el nuevo acuerdo introdujo modificaciones a 56 del total de puntos cuestionados, dejando fuera solo el apartado referido a la incorporación a la política del movimiento que reemplace a las FARC una vez que éstas se desmovilicen, los alcances de los cambios aún están siendo evaluados por los distintos grupos partidarios del "No", quienes han evitado dar una respuesta definitiva. Incluso el expresidente Álvaro Uribe insistió que deben ser finalmente las víctimas las que den la última opinión sobre lo pactado en La Habana. Pese a ello, resulta positivo que el nuevo documento corrija varios temas cuestionados, como el referido a los términos de la llamada justicia transicional y establezca algunas restricciones a la participación política de la guerrilla.

Sobre el primer punto, junto con eliminar la presencia de jueces extranjeros en los tribunales especiales, se acotan los espacios en que los condenados por esas cortes cumplirán sus respectivas condenadas. Si bien no se establece que lo hagan en cárceles comunes, como pedían algunos sectores, sí se determina que será el tribunal el que fije el lugar donde se hará efectiva la pena, el que no puede tener una extensión superior a un "veredal", espacios en los que se subdividen los municipios colombianos y debe implicar una "restricción efectiva de la libertad". Además, se limita a 10 años el periodo durante el cual regirá la jurisdicción especial y ésta no queda al margen del orden jurídico colombiano, sino subordinada a la Corte Constitucional.

Lo anterior es un paso positivo que pone límites a la sensación de impunidad que dejaba en parte el acuerdo anterior. También lo es que se prohíba la participación de los candidatos de las FARC en las zonas afectadas por el conflicto -porque ello limitaba la libertad de quienes concurrieran a las urnas- y que se exija a la guerrilla entregar todos sus bienes para ayudar a reparar a las víctimas, con la advertencia de que el no cumplimiento de este punto los dejará al margen de la jurisdicción especial. Sin embargo, deberán ser ahora las principales organizaciones que representan a los sectores del "No" las que se pronuncien. Decir que "éste es el acuerdo final", como sostuvo el jefe negociador del gobierno colombiano, resulta a lo menos prematuro.

Si bien ningún acuerdo de paz es perfecto y todos implican concesiones de una y otra parte, también es cierto que para que un pacto logre cumplir realmente con su objetivo -en el caso de Colombia poner fin al conflicto armado más prolongado de América Latina-, es importante que todas las partes involucradas lo validen y le den la legitimidad necesaria antes de que entre en vigor. Ese es ahora el principal desafío que enfrenta el gobierno.