En 1919, cuando se terminó de construir el Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago, su fachada de estilo neoclásico rápidamente se irguió como una de las más imponentes de la capital.
Con los años, no obstante, el edificio de calle Compañía, caracterizado por sostener el friso de un cóndor apoyado en un libro titulado LEX (ley en latín), no fue suficiente para albergar a todo el Poder Judicial.
La solución la trajo en 2005 el nuevo Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Avenida Pedro Montt 1606: un inmueble de fachada moderna y más grande que su antecesor, que desde entonces ampara a los tribunales penales de la Región Metropolitana.
Ambos frontis distintivos de la justicia chilena son los que la artista chilena Angela Ramírez (50) se propuso cruzar en la obra Sine qua non, un relieve a escala 1:1 de la antigua fachada del Palacio de Tribunales, emplazada en medio del espejo de agua de la actual Plaza Cívica del Centro de Justicia. "La idea es traer a escena el frontis del primer centro del poder judicial para interceptarlo con el reflejo del edificio más moderno", explica la artista.
La obra, una estructura de fibra de vidrio translúcido de 20 x 23 metros, comenzó a construirse en febrero y ya está abierta al público. Sin embargo, su historia se remite a 2005, cuando la artista ganó un concurso organizado por la Comisión Nemesio Antúnez y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que buscaba ornamentar el nuevo edificio del Centro de Justicia con una obra artística.
No obstante, al poco tiempo y contra todo pronóstico, un oficio emitido por el ex ministro de Justicia, Luis Bates, detuvo el curso del proyecto. Según este documento, "la obra ganadora no debe ejecutarse por resultar absolutamente inapropiada, e incluso ofensiva, a la imagen del Poder Judicial". La lectura que se hizo, afirma la artista, "consideraba que la obra abatía la fachada del antiguo edificio y no correspondía instalarla bajo el agua".
La propuesta de Ramírez, en cambio, era otra: "Sine qua non en latín quiere decir sin lo cual no, y habla de la imposibilidad de desconocer el pasado. En el reflejo del agua, frágil y cambiante, las arquitecturas se traslapan y es ahí donde se constituye la obra, que evoca la tradición, la historia y la memoria".
Claudia Silva, actual directora de la Comisión Antúnez, cuenta que "ciertas autoridades de la época lo interpretaron de una manera distinta, no entendieron bien el concepto. Luego hubo un tiempo largo de definiciones en que no habían recursos, pero finalmente hubo una voluntad de enmendar esa situación".
Periplo judicial
A partir de entonces, concretar la realización de la obra se convirtió en una odisea para la artista. Entre otras muchas acciones realizadas en estos 12 años, Ramírez interpuso una demanda por indemnización de perjuicios en el Tercer Juzgado Civil de Santiago, pero fue rechazada en todas sus instancias. "Era un caso especial, donde yo era censurada por el propio Poder Judicial. En la demanda eran ellos quienes tenían que decidir, entonces era una especie de círculo vicioso", explica. Por eso, en 2013 y de la mano del Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales, acudió a la Corte Interamericana de Justicia, alegando entre otros puntos vulneración a la libertad de expresión y derecho a la cultura.
Estaba a la espera del fallo cuando el MOP le comunicó, en 2014, que habían reaprobado la construcción de la obra. Ramírez entonces se puso a trabajar y comprobó lo que años atrás había investigado cuando presentó el proyecto: el frontis neoclásico del Palacio de Tribunales -hoy sede de la Corte Suprema- cabía casi por completo en la pileta de agua del actual Centro de Justicia.
"Me pareció increíble, porque eso demuestra que hay un cambio de escala brutal", dice la artista. "La referencia que hace la arquitectura neoclásica es al templo de Grecia, donde se le daba mucha importancia a la proporción entre el cuerpo del ciudadano y el edificio. El hecho de que eso hoy haya cambiado, te habla que de alguna manera las instituciones están, simbólicamente, mas lejos de las personas".
Código de Buenas Prácticas
El caso de Angela Ramirez sirvió como antecedente para que en 2014 el Centro de DD.HH. de la UDP, en conjunto con la Asociación de Artistas Contemporáneos de Chile (ACA) y otras instituciones, trabajaran en el primer Código de Buenas Prácticas para el sector de las Artes Visuales en Chile. "Nos dimos cuenta de que los artistas no estaban lo suficientemente protegidos en términos jurídicos. A través de este trabajo quisimos visibilizar que la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual nos escuda, para que no se pasen a llevar nuestros derechos tan fácilmente", explica la artista.
El contenido del manual, que resguarda el derecho de autor, puede descargarse en www.artecontemporaneoasociado.org.