El nuevo proyecto que desató la furia de Sharp

Mientras todos seguían la disputa entre el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el empresario Nicolás Ibáñez, luego de que el municipio decidiera paralizar el proyecto inmobiliario del Parque Pümpin, en tribunales se abría un nuevo frente de batalla para el edil, esta vez con inmobiliaria Mirador Barón (de la empresa Sigro), que presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra la municipalidad, para frenar la invalidación de edificación de su proyecto, desarrollado nada menos que por el arquitecto Mathias Klotz.

Pero eso no era todo. En paralelo, Sharp articulaba una última estocada a una de las obras más emblemáticas de la ciudad: el Proyecto Puerto Barón. Desde su campaña, el alcalde del Frente Amplio señaló públicamente, y en muchas ocasiones, su intención de impedir que el proyecto se materializara, lo que confirmó cuando asumió la alcaldía de la comuna. "Espero que no se construya", dijo, y agregó: "Es como si yo quisiera privatizar el Parque Forestal… o construir un mall en el Parque O'Higgins", fueron algunas de sus frases emblemáticas.

Y ahora está a punto de conseguir su objetivo. El 9 de septiembre, en el marco del reclamo de ilegalidad presentado por los detractores de la resolución que permitió la recepción de Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP, que forma parte del conjunto armónico del Proyecto Puerto Barón), Sharp respondió que todo el proceso fue ilegal, abriendo con ello la puerta a que este proyecto también termine convirtiéndose en escombros.

En 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) licitó primero la construcción del Mall Barón y, luego, el terminal de pasajeros VTP para cruceros. Así se cerraba un tema de discusión sobre qué hacer y cómo incorporar de mejor manera al borde costero de Valparaíso estos terrenos que antaño albergaron a parte de la actividad portuaria y que desde hace años han estado abandonados.

El proyecto fue adjudicado en 2006 a Plaza Valparaíso, una filial de Mall Plaza, con un proyecto que incluye el Mall Barón, un museo, costanera peatonal y restaurantes. Posteriormente, a este proyecto se incorporó Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), hecho por Agunsa, que ya está en funcionamiento e implicó una inversión de US$ 9 millones.

Desde el día uno, cuando se cambia el plano regulador de Valparaíso, que dio pie para que el terreno tenga un uso comercial, comenzaron las embestidas contra el proyecto de parte de detractores como Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos y Salvador Donghi, entre otros.

La artillería no sólo consistió en una seguidilla de ataques verbales, sino también en una batalla judicial, con decenas de acciones legales y administrativas contra el proyecto, dentro de las cuales se cuentan tres querellas criminales, acciones de nulidad de la licitación y del contrato de concesión, reclamos de ilegalidad contra los permisos de edificación, por contar algunas. El 100% de ellas fueron rechazadas por los tribunales. De hecho, hasta la misma Unesco intervino en el tema, con recomendaciones que fueron acogidas, modificándose el proyecto original. Las conclusiones de la entidad se basaron en el Estudio de Impacto Patrimonial llevado a cabo por el arquitecto colombiano Juan Luis Izasa, quien concluyó que el Proyecto Puerto Barón no afecta la condición de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad ni tampoco genera impactos negativos en la forma de la bahía.

A ello se suma el apoyo ciudadano. Según una encuesta de GDF Adimark de diciembre de 2016, un 77% de la población apoya el proyecto.

Pero hay dos reclamos de ilegalidad municipal que están en la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Valparaíso, que son los que tienen en este momento al proyecto en jaque. Se trata de dos acciones que pueden traer serias consecuencias no sólo para los inversionistas que ya han comprometido recursos por cerca de US$ 29 millones (US$ 20 millones el mall y US$ 9 millones VTP), de un proyecto que implicará una inversión de US$ 150 millones, sino también a la Municipalidad de Valparaíso, al declarar que sus actos han sido ilegales.

El primer reclamo fue presentado el 12 de abril de 2013. Un grupo de detractores alegó que el permiso para la construcción del Proyecto Puerto Barón (el permiso 79) era ilegal y que infringía la normativa urbanística. Ante ello, la municipalidad, la Empresa Portuaria Valparaíso (la estatal EPV) y Plaza Valparaíso (PVSA) defendieron la legalidad de los permisos de edificación. De hecho, la municipalidad señaló en esa oportunidad que "no puede imputarse a la Dirección de Obras Municipales actuación u omisión ilegal alguna de sus deberes legales, toda vez que ha hecho cabal aplicación de las normas que rigen su actuar, encontrándose el permiso de edificación otorgado plenamente ajustado a derecho".

El 6 de diciembre del año pasado, Jorge Sharp asumió la alcaldía de Valparaíso. Setenta y dos días después, el 16 de febrero de 2017, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo en forma unánime, confirmando que el permiso de edificación era legal, lo cual fue un golpe para quienes se han opuesto al proyecto.

Ante el rechazo, los reclamantes recurrieron a la Corte Suprema, la cual en los próximos días escuchará los alegatos. Por Plaza Valparaíso alegará Cristóbal Eyzaguirre, del estudio Claro y Cía., mientras que por EPV lo hará Hugo Botto y por la municipalidad debería hacerlo el director jurídico, Nicolás Guzmán.

Sin embargo, hay otro reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso -presentado el 20 de octubre de 2016-, que puede cambiar todo el panorama, y que es contra la resolución 326 que recibió las obras de Valparaíso Terminal de Pasajeros, y que hoy se encuentra operativo. Cuando este recurso fue interpuesto por Jorge Bustos, la municipalidad no lo contestó, solicitando el 4 de marzo de 2017 al tribunal que, considerando su postura en el reclamo de ilegalidad contra el permiso 79, se suspendiera este procedimiento o de lo contrario la nueva administración se vería forzada a sostener posturas contradictorias, reconociendo que dicha situación infringe lo que se conoce como vulneración de la confianza legítima generada por los actos propios de la municipalidad.

El 9 de septiembre recién pasado, Sharp cambió su posición. El director jurídico de la municipalidad contestó el reclamo señalando que "mi representada se allana expresamente" a que la recepción del proyecto sea declarada ilegal. Argumentó que "la sede regional de control, con fecha 17 de abril de 2017, mediante oficio N° 5976, reitera que la referida modificación al permiso de edificación no se ajustó a derecho, por cuanto contemplaba un aumento de la superficie destinada a terminal de pasajeros-infraestructura, en circunstancias de que debe tratarse de proyectos destinados a equipamiento, recogiendo en consecuencia uno de los reproches de ilegalidad que fundamentan el reclamo de marras y al cual mi representada se allana expresamente", señala el documento.

Consultada la municipalidad, señalaron que hay un proceso judicial, por lo que prefieren no dar declaraciones.

La radicalización de Sharp en contra del proyecto podría tener varias aristas. Por ejemplo, que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declare ilegal la resolución 326 y se obligue a demoler el nuevo Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) y que actualmente se encuentra en funcionamiento, atendiendo a más de 100.000 pasajeros durante la temporada 2016.

Al interior de la empresa portuaria (EPV) hay preocupación sobre el cambio en la doctrina que había imperado en la Municipalidad de Valparaíso, por eso durante toda la semana el equipo jurídico de la empresa ha estado analizando los potenciales escenarios que se pueden abrir dado el cambio que se ha visto en las últimas semanas por parte del alcalde Sharp.

Por su parte, en Plaza Valparaíso existe un sentimiento de indefensión ante la incerteza jurídica producida por estos actos, de hecho, están estudiando interponer querellas criminales en contra de Sharp y funcionarios involucrados de la municipalidad.

Fuentes cercanas a la defensa señalan que están estudiando todos los pasos a seguir, incluso una querella por prevaricación contra el alcalde Sharp y su director jurídico y demás funcionarios municipales involucrados.

El gerente general de VTP, Juan Esteban Bilbao, cuenta que el cambio de postura del alcalde sorprende, sobre todo porque unos días atrás Bilbao estuvo en una actividad con Sharp, en el marco de la firma de un acuerdo para asegurar las recaladas de cruceros en el puerto de Valparaíso. En esa oportunidad, recuerda, Sharp no le mencionó nada al respecto.

Por eso, cuando se enteraron de la nueva postura de edil, se reunió con su equipo jurídico, quienes están analizando la situación y viendo de qué forma les puede afectar la acción que está ejecutando el alcalde, la que, además, indica, "agrede directamente la labor que realiza la Dirección de Obras de la propia municipalidad que él dirige".

De prosperar el conflicto, lo que esperan en VTP es que la corte no valide la calificación de ilegalidad de Sharp. Agrega que en el peor escenario, tendrían que ser indemnizados, ya sea por la empresa mandante o por el propio Estado.

Asimismo, abogados que participan del proceso señalan que la actuación de Sharp es grave, porque desobedece lo ordenado por la Contraloría General de la República en su dictamen del 8 de marzo de 2017. La entidad, junto a la Contraloría Regional de Valparaíso, determinaron que Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) se ajustaba a derecho, justo en la norma que Sharp considera que no se ajustó a derecho.

Por otro lado, advierten que cuando el alcalde reconoce que la institución que representa actuó de forma ilegal, a pesar de que por años defendió su posición, abre una arista complicada para el municipio.

Ahora todo está en suspenso. En los próximos días serán los alegatos, en la Corte Suprema, los que estarán marcados por la presentación de la municipalidad el pasado 9 de septiembre, que declaró que su accionar fue ilegal. Por tanto, los tribunales definirán el futuro del proyecto y serán clave para que Sharp consiga su objetivo.