En poco más de dos meses, el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cumplirá tres años de tramitación en el Congreso.

En este contexto, desde el Ejecutivo pretenden acelerar la iniciativa, por lo que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, ya informó a la Comisión de Constitución del Senado (donde está actualmente el proyecto) que en la primera semana de abril se presentarán nuevas indicaciones, concordadas con Hacienda, que apuntan a despejar las inquietudes que surgieron en la tramitación y que han atrasado la aprobación de la iniciativa.

Estas dudas fundamentalmente estaban vinculadas a las atribuciones del gobierno corporativo del Servicio y a algunas imprecisiones desde el punto de vista jurídico que debían ser subsanadas.

En este sentido, de acuerdo a fuentes de gobierno, serían cuatro los principales perfeccionamientos al proyecto, destacando entre ellas la delimitación de las facultades del Consejo normativo de la entidad -de tres integrantes que serán escogidos por el Ejecutivo con acuerdo del Senado por un período inicial de cuatro años y que propondrá al director de la institución- y la fijación de multas.

Para el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, las enmiendas del Ejecutivo "estas iniciativas resuelven el problema y permiten destrabar la tramitación", destacando que "este es un proyecto absolutamente necesario porque lo que tenemos es un Sernac que en la práctica no tiene atribuciones para defender los derechos de los consumidores".

Añadió que "una vez que el proyecto esté aprobado y vigente lo que vamos a tener es un Sernac con dientes, que será capaz de defender a los consumidores", enfatizó.

Facultades

La primera de las indicaciones del Ejecutivo apunta a "adecuar la facultad normativa del Consejo Normativo que tendrá el Sernac", señalando que "se acotará la facultad normativa del consejo a materias que regulen instituciones propias de la ley de protección de los derechos de los consumidores, tales como garantías, publicidad, seguridad de productos, cláusulas abusivas, entre otras".

El senador Araya había expresado a comienzos de año que este era uno de los puntos más complejos, sobre todo en cuanto a las atribuciones que debe tener el director del Sernac, cómo se conformará el consejo que asesorará al director y qué atribuciones tendría, lo que, a su juicio, con los cambios que prepara el Gobierno se comenzaría a despejar.

Otra indicación señala que "se establecerá el deber de fundamentación y estudio de impacto regulatorio para la dictación de normativas".

El tercer perfeccionamiento al proyecto señala que " se equiparará la normativa sobre consulta pública a la recientemente aprobada en la ley N° 21.000 con ocasión de la Creación de la Comisión para el Mercado Financiero". Al respecto, Araya precisa que esto "es relevante porque hay que recordar que en la nueva estructura del Sernac va a tener lo que se denomina una atribución normativa, con instrucciones generales que van a tener que cumplir las distintas empresas que prestan servicios. Y justamente lo que se busca es que haya una suerte de consulta pública y se puedan hacer valer los puntos de vista antes de dictar una norma general".

Multas

Por último, otra modificación sostiene que "se incorporará un límite global absoluto a las multas cuando se trate de infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores".

En esta línea, Araya explica que "el proyecto original tenía un problema, porque podía ocurrir que una determinada infracción fuera sancionada por el Sernac y a la vez por la autoridad sectorial, como un corte de servicio de telefonía o agua. Entonces se acordó que siempre va a primar la ley especial, y el Sernac solo podrá sancionar aquellas infracciones ligadas con el tema consumo", evitando una doble sanción, recalcó el parlamentario.