El obispo de Temuco y presidente del Area de Educación de la Conferencia Episcopal, Héctor Vargas, rechazó ayer la idea impulsada por parlamentarios de la Nueva Mayoría en el sentido de acelerar el despacho desde la Comisión de Educación del Senado del proyecto que pone fin al lucro, selección y copago en los colegios con aporte estatal.

Originalmente, la comisión tenía planeado escuchar a 80 diferentes actores ligados a la educación, de los cuales sólo 35 han expuesto hasta la fecha. No obstante, el oficialismo buscaba despachar la iniciativa este jueves 27, lo que ayer finalmente se dilató para el martes 9 de diciembre (ver nota central).

"En realidad era una medida que resultaría poco comprensible para una ciudadanía que está cada vez más acostumbrada a participar, a involucrarse, que exige ser escuchada en los distintos ámbitos de la vida", señaló a La Tercera el obispo Vargas.

"Espero que esto pueda reconsiderarse y que se pueda contar con más tiempo, para que las distintas instituciones y organizaciones que piden ir al Senado, puedan ser escuchadas", agregó, antes de que el gobierno informara que se extendería la discusión en la comisión al 9 de diciembre.

Ante la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda flexibilizar su postura, el obispo Vargas destacó que "nosotros hace dos días dijimos que necesitábamos que esto fuera gradual y que hubiera los tiempos suficiente, difícilmente a los dos días podría opinar lo contrario".

El obispo Vargas señaló que fue contactado por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS), para invitarlo a exponer, aunque sin fecha definida. "Vamos a asistir en el minuto en que el Senado nos invite, para poder estar presentes", afirmó.

Al rechazo a acelerar los tiempos se sumó Erika Muñoz, presidenta de la Confepa, quien dijo que "la decisión desmiente lo que la Presidenta (Bachelet) y los parlamentarios nos han dicho, que quieren dialogar con todos los actores antes de llevar adelante la reforma".

En tanto, los secundarios agrupados en la Cones alzaron una voz discordante. Su vocero, Ricardo Paredes, indicó que "es una necesidad y una urgencia que esto sea tramitado y promulgado en el menor tiempo posible. Todos han tenido la posibilidad de hacer llegar sus alcances, por lo que no nos parece que se diga que hay gente que se está quedando fuera del proceso. Eso es simplemente un argumento para dilatar las discusiones".