Un énfasis en las medidas para fomentar el empleo tienen las recomendaciones entregadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) a sus estados miembros, en el informe Going for Growth 2013, que propone reformas consideradas claves para que los países logren un crecimiento sostenible.

En el caso de Chile, la Ocde destaca que el mayor nivel de empleo ha reducido la brecha de ingresos, aunque asegura que la diferencia continúa siendo relevante, debido al bajo promedio de horas trabajadas y al débil desempeño de la productividad.

De hecho, el organismo consigna que entre los países de la Ocde con bajos ingresos ("donde la necesidad de reformas estructurales para alcanzar mejores niveles de vida es mayor"), el progreso respecto de las recomendaciones realizadas en las ediciones anteriores ha sido limitado en Chile, México y Turquía.

Ante este escenario, la entidad propone a Chile medidas como fomentar la inserción de las mujeres en el mercado laboral -cuya participación es inferior a la de otros países (ver infografía)-, reducir las indemnizaciones por despido y reformar el seguro de desempleo. La primera de ellas, argumenta, redundaría en una mayor tasa de participación laboral femenina, lo que incrementaría el empleo y contribuiría a un mayor crecimiento. Para lograr este objetivo, asegura que se debe facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ampliando la educación infantil temprana y su financiamiento con recursos públicos. En el caso del seguro de cesantía, aconseja aumentar la duración del beneficio y las tasas de reemplazo.

"Aunque los efectos negativos de la indemnización son relativamente pequeños, tiene sentido reducirla y elevar las prestaciones del seguro de cesantía. Si Chile partiera de cero, probablemente no tendríamos indemnizaciones en caso de despido, sino que simplemente un buen seguro de cesantía. Lo que existe hoy es un híbrido", explicó el economista de la Universidad de Chile Joseph Ramos. A su juicio, a contar del quinto año la indemnización debiera ser equivalente a dos semanas -en lugar de un mes- y a todo evento.

La Ocde también insta a mejorar la educación secundaria y terciaria, estableciendo normas mínimas y un control de calidad riguroso de los profesores, así como "modernizar y ampliar los préstamos existentes y los sistemas de becas estudiantiles", fortaleciendo las normas de calidad para las instituciones educacionales que entregan subsidios. Según Sean Dougherty, economista para Latinoamérica de la Ocde, las prioridades identificadas para Chile permitirían "hacer frente a las deficiencias en la productividad". Sin embargo, reconoció que aplicar reformas estructurales importantes requiere de "varios años".

LEY DE COMPETENCIA
En materia de competencia, la Ocde consigna que no se han implementado cambios desde 2009, por lo que reitera la sugerencia realizada el año pasado: "Incrementar el nivel máximo de las multas y hacer que la fijación de precios sea un delito, con el fin de mejorar la aplicación de la ley de competencia".

Para Francisco Rosende, presidente de la ex comisión para la defensa de la libre competencia, "plantear que en Chile hay un nivel de sanciones inadecuado no parece un diagnóstico correcto".

Rosende espera que este año el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que perfeccione el diálogo entre el Código Penal y la Ley de Defensa de la Libre Competencia, fortaleciendo la delación compensada.

Agregó que establecer la pena de cárcel como castigo ante un acuerdo de precios "es una discusión que sigue pendiente".