Durante el segundo semestre, la Presidenta Michelle Bachelet deberá presentarle al Congreso un proyecto de nueva Constitución, texto que se elaborará tomando en cuenta, al menos en parte, los resultados de los encuentros ciudadanos del proceso constituyente impulsado por el gobierno.
Pero la duda que se instaló entre algunos integrantes del Consejo de Observadores y en sectores de oficialismo fue si sólo se incluirán algunos aspectos que las personas expusieron o si realmente se destacarán los objetivos y prioridades expresados por quienes participaron de los encuentros a lo largo de todo el país.
En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) elaboró un informe respecto de la etapa participativa del proceso constituyente. Esto, a solicitud de La Moneda, cuyo objetivo fue que esa entidad evaluara el proceso e identificara las lecciones aprendidas y los procedimientos de participación ciudadana en el diseño y aplicación de políticas públicas.
La Tercera accedió al estudio, que fue elaborado por el Directorado de Gobernanza Pública del organismo internacional entre el 15 y 19 de mayo. Y en él se establecen, entre sus principales conclusiones, los desafíos a los que se enfrenta nuestro país para que los planteamientos que hizo la ciudadanía se vean reflejados en la nueva Constitución que se elabore una vez que culmine toda la tramitación del texto en el Congreso.
Si bien el escrito señala que esa meta implica un "desafío", recomienda que los puntos y prioridades se incluyan, al menos, en el proyecto que debe enviar Bachelet al Parlamento. "Los ciudadanos de los países de la Ocde demandan constantemente ser informados sobre la manera en la que sus opiniones son tomadas en cuenta; el proceso constituyente chileno es un caso concreto", se lee en un subtítulo del documento, que contiene 36 páginas escritas en inglés.
En ese apartado se señala que "los ciudadanos necesitan verificar que su participación fue influyente y que sus aportes son reflejados en la nueva Constitución". Así, el informe agrega que "esto sigue siendo un desafío; sin embargo, hay una oportunidad de hacer eso con el próximo proyecto de ley de nueva Constitución".
Ese punto es resumido también en una minuta elaborada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en la que se abordan los detalles del estudio, que será dado a conocer mañana en un acto en el Edificio Moneda Bicentenario.
"Uno de los principales desafíos es que los aportes y prioridades expresadas por los ciudadanos se reflejen realmente en un proyecto de nueva Constitución", dice el escrito de esa cartera.
Mañana, a las 11.00, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, abrirá el encuentro. Y después se presentará el estudio de la Ocde, lo que estará a cargo del director de Gobernanza Pública del organismo, Rolf Alter.
Posteriormente se realizará, en ese mismo lugar, un conversatorio para comparar las experiencias de nuestro país e Islandia en materia de cambio constitucional.
En esa instancia participarán el ex presidente del Consejo Ciudadano de Observadores, Patricio Zapata; el asesor de la Segpres Tomás Jordán -quien tuvo una participación clave en el proceso constituyente- y Salvör Nordal, quien presidió el Consejo Constitucional de Islandia en 2011.
Mayor participación
Otras de las conclusiones del informe plantean que el proceso constituyente chileno cumplió los estándares de la Ocde en relación con la participación ciudadana, y que es el que ha contado con una mayor participación si se compara con otros países que integran ese organismo.
En la página 24 del documento se incluye una tabla en la que si bien se establece que participó el 1,13% de la población chilena, que equivale a 204.402 personas, eso sitúa a nuestro país en el primer lugar.
En concreto, supera a Colombia (23.700, que equivale a un 0,06%), Islandia (950, es decir, un 0,3% de su población), Ciudad de México y Túnez.
Además, el texto destaca la "transparencia" en la información que entregó el gobierno durante el proceso. Y agrega que el modelo utilizado en Chile sirve como marco analítico para la implementación de mecanismos de consulta ciudadana en otros países de la Ocde.
En ese sentido, el informe también recomienda a La Moneda utilizar esta experiencia para fortalecer y profundizar la política de participación en nuestro país.
