Como una respuesta a la alta cantidad de pacientes que se atienden en el sector público de salud y los problemas que algunos denuncian en sus prestaciones, en 2005 se creó el Sistema de Mediaciones por Daños a la Salud, a cargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Su objetivo es solucionar esos problemas y evitar la judicialización de los casos.

En 2016, de 1.068 procesos terminados, 981 fueron por decisión de ambas partes (paciente y establecimiento), y de éstos, 213, es decir el 21,7%, terminaron en un acuerdo (ver infografía). Por lo tanto, en el resto ( ocho de cada diez casos) no se llegó a ningún tipo de acuerdo durante el período.

En todos estos procesos el CDE se encarga de arbitrar la mediación entre los pacientes, quienes realizan su solicitud, y los centros de salud, con el fin de llegar a una reparación en caso que se compruebe la existencia de un daño. Se trata de un proceso confidencial y gratuito.

En el caso de las mediaciones que terminaron en un consenso, la gran mayoría de los usuarios prefirió, como reparación, una indemnización (55,5%). A nivel global, el monto de estas reparaciones en 2016 ascendió a $ 1.078 millones, producto de 118 consensos.

Tras una década de funcionamiento, en el CDE se hace un balance positivo del sistema se destaca el enfoque nuevo al tratamiento de los daños en salud. "La mediación ha permitido ampliar y flexibilizar las reparaciones a los daños, incorporando disculpas, explicaciones, prestaciones asistenciales, medidas intrahospitalarias e indemnizaciones", explica Pedro Barría, jefe de la Unidad de Mediación del CDE.

Añade que muchos de quienes hacen uso de las mediaciones "tal vez no habrían podido acceder al sistema tradicional de justicia, debido a sus altos costos".

Respecto del análisis de los procesos de 2016, se indica que el tipo de daño con más reclamos fue por invalidez parcial (34,7%). El área médica con más quejas, en tanto, fue la de especialidades médicas (37,7%).

De acuerdo al diputado y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), el sistema "ha logrado que las familias que se sientan perjudicadas logren saber, por la información del prestador, si se trató de una negligencia, un error sin ánimo de causar daño o una complicación de la enfermedad".

La diputada Marcela Hernando (PRSD), aunque concuerda en que el sistema ha sido de utilidad, dice que "aún necesita mejoras. Es un proceso lento y debería haber más posibilidades en las negociaciones. A veces es una conversación infructuosa y se llega a menos acuerdos. Además de que los acuerdos que se logran y las reparaciones no siempre se cumplen tal como quedan estipuladas. Los usuarios siguen siendo, también, la parte más débil".