Ocho historias desconocidas del caso Caval

¿Qué es Mminimo? El nuevo nombre saltó ante ojos de los fiscales, luego de que en un operativo encontraran documentación de Caval con referencias a una sociedad hasta entonces desconocida y donde figuraba como encargado de proyectos Sebastián Dávalos. "Se pudo establecer que existe otra empresa de nombre Inversiones Mminimo, donde se habría realizado el 2013 un trabajo para Graneles de Chile. A la fecha se desconoce la existencia de esa empresa, su constitución y giro comercial", señala un informe reservado del OS-9 de Carabineros de febrero de 2017.

En el curso de la investigación, el Ministerio Público ha podido establecer una compleja red de sociedades vinculadas a la matriz Caval, a través de las cuales realizaban sus negocios. La más conocida es Advantech S.A., el brazo que creó Caval para proyectos tecnológicos y que funcionaba en las mismas oficinas en calle Nevería 4631. Esta fue constituida en 2012 por la administradora de Caval, Sol Herreros, y el gerente de finanzas, Marcelo Carreño. Natalia Compagnon y Mauricio Valero, los dueños de Caval, crearon, a su vez, con sus respectivas familias, dos empresas personales: Inversiones San Lucas, en el caso de Natalia, y FVM, en el caso de Valero. A estas, según los testimonios de la investigación, traspasaban dineros de Caval para comprar propiedades. Otra empresa del "holding" es SCR S.A., creada por Carreño para hacer negocios con la empresa CCU que consiguió Compagnon. "Natalia no quería aparecer por Andrónico (Luksic) por temas políticos, no quería que se supiera que ella tenía ese negocio", declaró Carreño.

Dos informes del SII de 2015 dejaron al descubierto la suma de irregularidades tributarias de los protagonistas del caso Caval. La primera respecto de las facturas ideológicamente falsas que emitió la empresa Lo Beltrán, de Patricio Cordero (UDI), para rebajar la base imponible de Caval. El SII pudo establecer que se trató de servicios falsos y que jamás existió una asesoría por el proyecto Freirina, como señalaba Cordero. El perjuicio fiscal asciende a los $ 118 millones.

El segundo informe se refiere al síndico Herman Chadwick a cargo de la sociedad Wiesner. Además de pagos sin respaldo al operador Juan Díaz y una factura presuntamente falsa de Ges Consultores -de Isaac Givovich- por $ 300 millones en la contabilidad, se detectó incongruencias en las declaraciones de impuestos a la renta presentadas por el sindico. "En 2012 se consignó una pérdida de $ 3.498.148.585, sin embargo, en el balance se registraron $ 668.330.358 de utilidad", señala el texto.

El 23 de febrero, la fiscalía emitió una orden de investigar al equipo del OS-9 de Carabineros, en el marco de la causa por estafa contra el empresario Gonzalo Vial. El objetivo: realizar un levantamiento patrimonial de los dueños de Caval, conocer la totalidad de las propiedades que poseen Mauricio Valero y Natalia Compagnon y determinar el origen de los fondos con que los compraron. Una de las propiedades en la mira de fiscalía son los 12 lotes comprados por Compagnon, entre agosto de 2013 y enero de 2014, en Los Choros, IV Región, a 12 kilómetros del proyecto minero Dominga, uno de los cuales vendió a la Presidenta Michelle Bachelet. Tras un reportaje de La Tercera sobre esa inversión, Bachelet dijo que "yo decidí comprarles algo a mis hijas".

Un documento bancario del negocio de Caval es una de las mayores incógnitas del caso. En varias oportunidades los abogados de Cynthia Ross -formalizada por sus gestiones para cambiar el plan regulador de Machalí- han pedido a la fiscalía conocer la tasación que realizó el Banco de Chile para otorgar el préstamo de $ 7 mil millones al empresario rancagüino Hugo Silva -dueño de Silca y Ruta 86-, crédito que le permitió comprar en febrero de 2015 las 44 hectáreas a Natalia Compagnon. De esta forma, Caval pudo cerrar el negocio y pagar su crédito al mismo Banco de Chile. La primera tasación (de Caval) de diciembre de 2013 vinculaba el valor del terreno al cambio de uso de suelos, sin embargo, la segunda tasación (de Silca) no figura en el expediente del caso.

Insistentemente el abogado de Sebastián Dávalos Bachelet, Álvaro Morales, ha pedido el sobreseimiento de su defendido en el caso Caval, pero el requerimiento ha sido rechazado por la Corte de Apelaciones y sólo fue sobreseído en la arista del formateo al computador de La Moneda. La razón de que su nombre aún se mantenga vigente en el caso es que a juicio de los fiscales, Dávalos no tuvo un rol menor en la empresa Caval como ha intentado hacer ver su defensa. Las pesquisas han detectado, al menos, 40 mails del cientista político que muestran que participó activamente en los negocios de Caval, incluso mientras era funcionario público. Aunque no figura como socio, él diseñó los lineamientos de la empresa y participó en varios proyectos, como el de Machalí.

Tras su salida de la Fiscalía Regional de O'Higgins, para asumir como jefe de la Unidad Especializada en Drogas de la Fiscalía Nacional, surgieron una serie de cuestionamientos por el rol que el ex fiscal Luis Toledo tuvo al mando del caso Caval. Uno de ellos tiene relación con los acuerdos que pactó con las defensas de imputados. Carlos Cortés, abogado de Patricio Cordero, aseguró que su cliente había llegado "a un acuerdo de colaboración" con Toledo. Pese a ello, y tras analizar los antecedentes del caso, el fiscal Emiliano Arias estimó que Cordero sí debía ser formalizado. Una situación similar ocurrió con el empresario Gonzalo Vial, quien se querelló por estafa. Su caso estuvo a punto de prescribir, porque Toledo no había decretado diligencias.

"No me venga a levantar la voz ni me levante la mano, soy fiscal de la República", reaccionó molesta la fiscal adjunta Marcia Allendes el pasado martes, cuando en un receso de la audiencia de reformalización del caso Caval, el ex síndico Herman Chadwick se acercó a criticarla levantando su dedo índice, ante la vista de los otros fiscales.

El episodio no terminó allí, y aunque Chadwick, que estaba acompañado por su abogado, Ciro Colombara, posteriormente le pidió disculpas por lo sucedido a la persecutora, cuando se reanudó la audiencia, Allendes hizo ver a la jueza Andrea Urbina su preocupación por lo sucedido y pidió que a partir de entonces la sala tuviera efectivos de seguridad. "Aunque sea un asunto doméstico, esta fiscal no puede dejar pasar ciertas cosas, conductas de ciertos imputados; a la salida de la audiencia fui increpada por el imputado Herman Chadwick, sin perjuicio de que me ha pedido disculpas por su exabrupto, el Ministerio Público solicita para las próximas audiencias tener resguardo en esta sala de Gendarmería, en virtud de mi cargo y de la seguridad que debo tener para defender el interés fiscal", sostuvo Allendes.

Según cercanos a la abogada, esta ya había tenido un incidente similar el año 2015 con Chadwick, frente a los periodistas. En esa ocasión no quiso presentar un reclamo, porque entonces sólo era asistente de la investigación y no fiscal.

Fuentes de fiscalía señalan que Chadwick también ha hecho llegar mensajes a través de terceros a los fiscales Luis Toledo y Emiliano Arias, quienes han liderado la investigación.

Casi un centenar de declaraciones, informes policiales y documentos tributarios mantiene la fiscalía en 99 archivadores que engloban el caso Caval. La complejidad y volumen de la causa llevó a que los abogados defensores criticaran el desorden y la ausencia de foliación de las páginas. Ante esto, el Ministerio Público se comprometió a hacer un índice de las distintas aristas. En paralelo a la causa principal, de los terrenos en Machalí, la fiscalía indaga otras ocho aristas: presuntas irregularidades en contratos con las empresas Raylex y Saydex, ambas asesoradas por Caval; una presunta estafa por $ 1.200 millones al empresario Gonzalo Vial; la usurpación de nombres y sellos del MOP por parte de Victorino Arrepol; una querella por la pérdida de una factura de Patricio Cordero; el libelo presentado por Juan Díaz por giro doloso de cheques; una causa tributaria contra Isaac Givovich y otra por nuevas empresas ligadas a Caval.