La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy en su Asamblea General una resolución que condena todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, pese a las protestas de grupos conservadores.

La reunión de la OEA instó a los Estados a que eliminen las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. La meta es que tengan "acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada".

La resolución, titulada "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", fue aprobada con observaciones de 11 países: Paraguay, Ecuador, EE.UU., Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Belice,  Honduras, Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago.

Guatemala y Ecuador consideraron que "el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria".

"Justo Ecuador, que tiene en su Constitución incluida la no discriminación por motivos de orientación sexual hace esto. Es algo muy contradictorio", declaró Germán Rincón Perfetti, representante de una coalición de ONG en favor de los derechos de las personas homosexuales, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

La resolución salió adelante por consenso pese a las declaraciones previas de Paraguay, Gobierno anfitrión de la cumbre, que se negó a apoyarla porque está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El vicecanciller de Paraguay, Federico González, durante el pleno de la Asamblea mencionó que su país no se sumaba "al consenso".

La resolución aprobada hoy condena los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género. 

Asimismo pide a los Estados miembros de la OEA que fortalezcan sus instituciones con el fin de prevenir e investigar casos de violencia y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad.

También solicita garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.