La noticia de que un grupo de senadores de oposición recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la glosa presupuestaria que fija las condiciones para la gratuidad 2017 encendió las alertas en el oficialismo. La aprensión tiene bases. El año pasado, una vez aprobado el presupuesto nacional, una reclamación ante el TC terminó en un dictamen que significó marginar del beneficio para este año a los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que cumplían con el requisito de estar acreditados y no perseguir fines de lucro.
Justamente este último punto fue uno de los argumentos que recogió el tribunal para declarar inconstitucionales algunas materias de la glosa. Específicamente aquellos en que la ley discriminaba a los estudiantes por la naturaleza jurídica de la institución donde estaban matriculados. "Vamos al Tribunal Constitucional para asegurar un principio de gran importancia: la igualdad de trato para todos los estudiantes en materia de gratuidad, becas y créditos", argumentó el senador Andrés Allamand (RN), al momento del anuncio de la futura medida.
Para el Ministerio de Educación el tema de fondo se resume "en dos miradas muy distintas", como lo ejemplifica la ministra Adriana Delpiano. "Una dice que lo que importa es el alumno y no dónde estudie, pero nosotros creemos que mientras no esté funcionando todo el sistema de educación pública que garantice que no haya instituciones que, por ejemplo, no estén acreditadas, debe existir un mínimo de años de acreditación, y que el porcentaje de alumnos que llegan a las instituciones tengan un mínimo de resultados en la PSU. Esos son criterios para no entregar gratuidad. Como lo ha dicho tantas veces la Presidenta, si es gratis y malo no le sirve mucho a nadie. Esperemos que eso no se plantee (el requerimiento al TC), entiendo que lo están asociando más al tipo de beca que a la gratuidad propiamente tal", detalló.
La subsecretaria Valentina Quiroga, por su parte, descartó que el gobierno esté considerando permitir el ingreso al nuevo beneficio fiscal de instituciones con incentivos comerciales. "Para nosotros es fundamental avanzar hacia un sistema sin fines de lucro. Hay que entenderlo como un proceso que va paso a paso, hoy estamos discutiendo una ley de educación superior que garantice este marco regulatorio que garantice la calidad en todas las instituciones. Sería tremendamente lamentable que un sector se termine oponiendo a la incorporación de planteles técnico-profesionales a la gratuidad".
Desde el Congreso también hubo reacciones. La diputada Yasna Provoste (DC) señaló que "no me extraña esta reacción. Recordemos que también fue la Alianza, la derecha, la que se opuso a la glosa de gratuidad el año pasado para la educación universitaria. Nosotros tomamos el firme compromiso como gobierno de avanzar en la gratuidad, no sólo para los estudiantes universitarios, sino también para los estudiantes de CFT e IP, y esperamos que las familias puedan tener acceso a una adecuada información".
El senador Ignacio Walker (DC) reconoció que el año pasado fue crítico a la glosa, pero que este año sí cumple el objetivo de inclusión. "No se puede discriminar entre alumnos igualmente vulnerables según a la institución a la que pertenezcan. Ellos están en su derecho de recurrir a donde quieran, pero yo lo objeto desde el punto de vista de la equidad, que es el corazón de la reforma educacional. Por lo tanto, celebro que para este otro año vayamos a incluir en gratuidad a los CFT e IP. Me parece una muy buena medida".
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara señaló que "no nos cabe ninguna duda de que buscarán todas las formas de proteger los intereses económicos, más que la calidad de la educación y los derechos de chilenos y chilenas. Ya lo han hecho en anteriores oportunidades, pero creo que aquí no van a tener éxito".
