Olga Feliú: "Mientras más recursos tenga el Estado, más alerta se debe estar"

En marzo de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet presentó a la "Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción", cuyo fin era entregar a la Mandataria una serie de propuestas para regular las relaciones entre el dinero y la política, que se debería aplicar tanto en el ámbito público como en el privado.

Una de los integrantes de esta instancia fue la abogada constitucionalista Olga Feliú, que en dicho período ocupaba el cargo de presidenta del Colegio de Abogados. Los hechos detectados por Contraloría y que la semana pasada fueron puestos en conocimiento de la fiscalía, por tratarse de eventuales delitos, no la dejaron indiferente. Por eso, advierte, que "mientras más recursos tenga el Estado, más alerta se debe estar en las fiscalizaciones".

¿Cree que los casos de corrupción están enquistados en el Estado o se trata sólo de situaciones puntuales?

Creo, tal como dijo el contralor, que decir está enquistada es una afirmación que no puede formularse sobre la base de que hay actos de corrupción. Actos de corrupción ha habido siempre y hoy también hay. Hoy, el Estado de Chile es muy grande, hay muchos recursos públicos, incomparable con el pasado. Entonces, por lo mismo, es posible observar que hay distintos actos de corrupción, pero también hay un control que lo detecta y hay un rechazo de la colectividad a la existencia de estos actos.

¿Estos hechos son denunciados?

Los actos de corrupción siempre se han denunciado, siempre se han sancionado, y lo que debe llamarnos la atención es que mientras más recursos tenga el Estado, más alerta se debe estar en las fiscalizaciones.

¿Cuál cree que es el impacto que ha tenido la Ley de Probidad?

Creo que se han ido perfeccionando los sistemas de fiscalización. En este punto, pienso que la declaración de intereses es particularmente importante, porque permite, de manera objetiva, determinar que, si una persona entra a un cargo público y tiene un patrimonio de 10, cuando sale de ese cargo público y tiene un patrimonio de 30, quiere decir que algo pasó. Con anterioridad a los temas de la política y el dinero, ya existían proyectos de ley precisamente para establecer sistemas de declaración de intereses que permitieran poner de relieve esta situación.

¿Estima usted que con penas más altas para delitos de corrupción se pueden inhibir estas conductas?

Se plantea, en general, que está ligada la prevención con la sanción de los delitos. Pero en realidad, cualquier pena significa un castigo y desde el tiempo de la Revolución Francesa, con (Cesare ) Beccaria, que fue el mayor intelectual que ha tratado en esta materia, decía que no creía en las penas tan grandes, porque ahí ocurre que las sanciones dejan de aplicarse. Lo importante en las penas es que exista un castigo, que haya un juicio rápido y que se apliquen. No penas en que la persona deba estar encerrada para siempre y con cargo al Estado.

¿Cuál es su balance de la probidad en Chile después de la comisión?

Se ha mejorado el sistema de alerta y eso es importante.

¿Se puede ver un ejemplo de esto en los casos que detectó Contraloría?

Por supuesto, pero la Contraloría ha detectado casos de irregularidades desde el día en que se organizó como servicio público. Hoy los casos son más de público conocimiento, los trata más la prensa y eso es muy bueno. Creo que la mayor trascendencia e importancia que tienen estos actos de defraudación, y todas estas figuras de corrupción, dicen relación con el gran tamaño del Estado y la gran cantidad de recursos públicos que manejan los funcionarios.

¿A quién corresponde detectar estos hechos?

En primer lugar, al propio organismo. Los servicios públicos y las jefaturas superiores no pueden ser indiferentes a lo que ocurre dentro. La primera alerta de un servicio público está en sus propias jefaturas. En segundo término, las fiscalizaciones externas, que es Contraloría. Serán inspecciones aleatorias y en aquellas entidades que manejan la mayor cantidad de recursos públicos. Y también es importante la transparencia. Que se sepa cuántos son los fondos que gastan los servicios públicos, las cantidades que ganan los funcionarios del Estado. El Fisco debe tener el tamaño adecuado para las funciones que debe cumplir y nada más.

¿Cómo cree que la fiscalía abordará esta investigaciones?

Lo que pasa es que los órganos del Estado, entre los cuales está el Ministerio Público, tienen políticas internas de permanente adecuación a lo que les corresponde examinar y ver. Por ejemplo, en el llamado escándalo de la política y los dineros privados, eso no existe como delito, lo que se persigue son otras figuras penales. En concreto, ilícitos tributarios o de otra naturaleza. Eso debe encauzarse dentro de su propio carril. Confío plenamente en que la fiscalía tendrá un tratamiento oportuno de estos casos, porque son muy importantes.