El presidente de Perú, Ollanta Humala, afronta una segunda semana crítica con el debate el lunes en el Congreso de la vigencia de la Ley Laboral Juvenil que él defiende y después de que su Gobierno fuera acusado en los últimos días de espiar a sus opositores.
Humala sorprendió el viernes a sus compatriotas al convocar, en un mensaje a la nación, al Congreso a una legislatura extraordinaria, cuando la representación parlamentaria se encuentra en receso y se había anunciado que la Comisión Permanente del Legislativo iba a discutir este tema el próximo miércoles.
La convocatoria busca que se debata en la sesión plenaria de 130 congresistas la vigencia de Ley Laboral Juvenil, que durante las últimas semanas ha generado cuatro multitudinarias marchas de rechazo en el país.
Humala, que defiende la permanencia de la norma y dice que busca favorecer a casi dos millones de jóvenes que actualmente no cuentan con un empleo formal, afirmó que el Congreso "apoyó mayoritariamente" su aprobación, pero ahora la mayoría de los legisladores "busca desconocerla".
La ley ofrece un salario mínimo y seguridad social para los jóvenes, pero reduce las vacaciones de 30 a 15 días, y no considera el pago de gratificaciones (salario extra) ni la compensación por tiempo de servicios (CTS).
Esto ha motivado cuatro manifestaciones multitudinarias desde su aprobación en diciembre y tras conocerse la plenaria del Congreso para el lunes, en las redes sociales se ha convocado a una quinta protesta para ese mismo día.
Las organizaciones juveniles y laborales señalaron hoy que exigirán a los congresistas que se derogue la norma que, consideran, "quita derechos en forma descarada a los trabajadores de 18 a 24 años de edad."
La mayoría de los políticos opositores opinaron que Humala busca conseguir que la norma no sea derogada, pero también indicaron que intenta frenar una eventual agitación social durante la próxima manifestación contra la ley.
Por lo pronto, los parlamentarios de la agrupación fujimorista Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano han adelantado que votarán por la inmediata derogatoria de la norma.
El ex presidente Alan García, líder del aprismo, comentó en su cuenta en la red social Twitter que la legislatura debe derogar la ley "por injusta y discriminatoria y aprobar medidas para la inversión y el crecimiento" del país.
Sin embargo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola, señaló que el Congreso deberá asumir "su responsabilidad" sobre la ley y pidió a los legisladores "un voto de conciencia, así como seriedad."
"Aceptaremos lo que diga el Congreso pero los grandes perjudicados serán los jóvenes del Perú", enfatizó adelantando una eventual derogatoria de la ley.
Todo hace augurar que el debate del lunes y la convocatoria a la nueva movilización mantendrán el clima de crispación que afronta la política local y que durante los últimos días también se vio agitado con denuncias de presunto espionaje a opositores.
Tras conocerse esas informaciones, Humala dirigió un mensaje televisado en el que rechazó "tajantemente" que los servicios de inteligencia se dediquen a estas actividades y anunció que en "aras de la transparencia" facilitará las investigaciones con acceso a información clasificada.
Posteriormente, el gobernante afirmó que las acciones de inteligencia, seguimiento y búsqueda de información "se han privatizado" en su país.
El gobernante agregó hoy que las críticas que recibe su Gobierno generan un "ruido político" pero dijo que mantendrá su trabajo para lograr el desarrollo de su país e incrementar el apoyo social.
"El ruido político lo aceptamos, estamos en democracia; pero no dejamos que nos distraiga. El Perú no necesita ruido, necesita obras concretas. Logramos escuchar la voz de la gente y del pueblo más allá del ruido", enfatizó.
