Naciones Unidas se sumó a una decena de organismos internacionales que han condenado las últimas medidas tomadas por Nicolás Maduro en Venezuela a través de un duro informe que detalla una serie de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

Según un informe preliminar difundido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de manera "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos desde que el 1 de abril se desataran las protestas contra el Ejecutivo chavista.

De acuerdo con la ONU, hasta el 31 de julio al menos 5.051 personas sufrieron detenciones arbitrarias y más de 1.000 siguen detenidas.

En varios de los casos examinados hay indicios de que las fuerzas de seguridad han infligido "tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en algunas ocasiones han recurrido a la tortura". La organización contabilizó, además, 2.000 heridos.

"Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras (bastones), mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte -y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares", denunció en un comunicado de prensa el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

"La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno", acotó.

Un total de 124 personas han muerto en la ola de protestas, que se desató a comienzos de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, aliado del gobierno, intentó adjudicarse las atribuciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Las manifestaciones luego se intensificaron cuando Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente a comienzos de mayo. Según la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 muertes, mientras que los grupos armados leales al gobierno, los llamados colectivos chavistas, serían responsables de otros 27 fallecimientos. "Montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes. En determinados casos también les disparan con armas de fuego", señala el informe.

"Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares en vez de presentarlas ante los tribunales civiles", declaró Zeid. "Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar".

El informe recaba 135 entrevistas a testigos, periodistas, médicos, abogados y paramédicos, realizadas a distancia, ante la negativa del gobierno a darle acceso a la organización para entrar al país. Las conclusiones apuntan directamente a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional y a los cuerpos de policía locales.

"Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos", dije el comunicado.

Los abusos, detalla el informe, ocurren "en plena ruptura del estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes a la Asamblea Nacional y a la oficina de la fiscal general", agregó Zeid.

Los últimos días han estado marcados por la tensión política y social en Venezuela. El domingo 30 de julio se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los diputados de la Constituyente de Maduro. Más de 15 personas fallecieron en los disturbios y los comicios se convirtieron en los más violentos en la historia del país. Una de las primeras acciones de la nueva Constituyente fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, una chavista histórica que en los últimos meses se transformó en una de las grandes opositoras del gobierno. La acción fue catalogada por la ONU como "motivo de honda inquietud".

En el informe también se expone la "grave preocupación" por los numerosos casos de "allanamiento violento e ilegal de viviendas". Según los testigos, los allanamientos se realizaron sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes, y según los testimonios "hubo destrucción de propiedad privada en el curso de las operaciones".

El informe también recoge los testimonios de algunos miembros de la prensa que señalan que las fuerzas de seguridad han "obstruido" su trabajo para informar sobre las manifestaciones. El Alto Comisionado instó en su informe a las autoridades venezolanas a "que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente".