La tortura y malos tratos suceden en los momentos después de la detención y antes de la entregada de las personas a la Justicia, son generalizadas en México y ocurre en un contexto de impunidad" explica primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.
"La impunidad de la tortura y el maltrato es incentivo para su repetición y agravamiento", prosigue.
Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que este lunes presentará ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria.
El relator destacó que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información, y "hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".
Méndez denuncia también que "las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva".
El relator acusa la deficiencia de los exámenes médicos, dado que raramente se constatan alegaciones o evidencias de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención; y que las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia del abogado.
Asimismo, critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Ante esta situación, el relator "recomienda" a México "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal".
Además, Méndez exige a México a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.
