ONU reitera condena al golpe en Honduras y niega considerarlo constitucional

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró hoy su condena del golpe de Estado que destituyó al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pese a que un informe de un consultor del organismo parece considerarlo "constitucional".

La ONU subrayó que su "postura respecto a la legalidad de la destitución del presidente Zelaya en Honduras ha sido claramente articulada en la resolución de la Asamblea General" que condenó el golpe de Estado, afirmó el portavoz del organismo, Farhan Haq, en relación a ese documento.

La resolución adoptada el pasado 1 de julio "condena el golpe de Estado en la República de Honduras que ha interrumpido el orden democrático y constitucional y el legítimo ejercicio del poder en Honduras", recordó.

El portavoz señaló que las informaciones aparecidas hoy en la prensa hondureña, en las que se asegura que la ONU había concluido en un informe que la destitución de Zelaya era "constitucional", son "sumamente engañosas".

Aseguró que tratan de hacer pasar el análisis de un consultor de Naciones Unidas por el punto de vista oficial de la organización multilateral.

"El departamento de Asuntos Políticos recibe de manera rutinaria informes y análisis de esta naturaleza de consultores, académicos y otros expertos", dijo el portavoz de la ONU, quien reiteró que la posición del organismo "se adhiere estrictamente a la trazada por la resolución de la Asamblea General".

Haq dijo que Ban pide a las partes en esta crisis que "eviten las distracciones en este momento crucial de las negociaciones y permanezcan centrados en alcanzar un acuerdo consensuado que ponga fin a esta crisis en Honduras mediante el diálogo".

Asimismo, reiteró el firme apoyo de Naciones Unidas a las gestiones que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) para encontrar una salida a la crisis política que atraviesa la nación centroamericana.

El informe del consultor de la ONU, según la prensa hondureña, asegura que la destitución de Zelaya fue "constitucional y de acuerdo a las leyes del país", que es la misma posición que sostiene el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Zelaya fue expulsado de su país el pasado 28 de junio, después de que el Ejército lo sacara de su casa por la fuerza y lo trasladara a Costa Rica, tras mantener un grave enfrentamiento durante varios días con otros poderes del Estado.

El depuesto jefe de Estado, quien el 21 de septiembre regresó a Honduras de forma clandestina, insistía en llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional que, según sus detractores, le abriría el camino a la reelección, pese a que el Parlamento y el Tribunal Supremo la habían declarado ilegal.

Desde su regreso al país centroamericano, Zelaya permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, junto a familiares, seguidores y personal de esa legación diplomática, que en el exterior está rodeada por fuerzas policiales y de seguridad.

En la capital hondureña, las comisiones de diálogo de Zelaya y Micheletti avanzaron en las conversaciones para resolver la crisis política del país y continuarán el 15 de octubre, una jornada que puede ser clave de cara a un posible acuerdo entre las partes.