Tras un juicio oral que se prolongó durante más de dos meses, la Fiscalía Occidente logró condenar por asociación ilícita para el tráfico de drogas a 14 acusados que integraban una organización coordinada desde el interior del recinto penitenciario Colina II.

De acuerdo con los antecedentes que los fiscales Tania Mora y Sergio Soto acreditaron ante el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, la banda contaba con una estructura jerárquica y roles claramente definidos con el propósito de adquirir vehículos robados en la Región Metropolitana y adulterar su documentación. Posteriormente trasladaban los vehículos hasta Iquique y los internaban ilegalmente a través de la frontera con Bolivia para intercambiarlos por cocaína base que finalmente era comercializada en la zona norte y central de Chile.

La investigación se inició en junio de 2010 en respuesta a reiterados robos de vehículos registrados en las comunas de Maipú y Cerrillos, para lo cual se dispuso la conformación de un equipo especial de la PDI integrado por oficiales de la Brigada de Robos Occidente y la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. Las detenciones se practicaron en junio de 2011, en procedimientos simultáneos en distintos puntos del país en el marco de la denominada "Operación Calamar".

El fiscal Sergio Soto destacó que las condenas por asociación ilícita comprenden tanto a las personas que receptaban vehículos robados como a quienes participaron en su intercambio por droga, lo que involucra toda la cadena de operación criminal. A su vez, la fiscal Tania Mora precisó que con anterioridad al juicio oral otros seis acusados resultaron condenados en juicios abreviados por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico de drogas, receptación y falsificación.

De los 23 acusados que enfrentaron el juicio oral, ocho fueron absueltos de todos los cargos.

La lectura de sentencia se desarrollará el 22 de junio. El líder de la agrupación, Osvaldo Calderón Orellana, quien además resultó condenado por delitos de tráfico de drogas, receptación y falsificación, arriesga una pena superior a veinticinco años de cárcel.