Una operación policial contra el funcionamiento de talleres textiles ilegales en España permitió liberar de la explotación laboral a 450 inmigrantes de nacionalidad china, que en muchos casos vivían en condiciones infrahumanas.

La redada, llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra (la Policía de la región española de Cataluña) en la localidad de Mataró, terminó con un total de 77 detenidos.

El subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía catalana, Josep Monteys, explicó hoy que, pese a que tenían libertad de movimientos, los trabajadores trabajaban cada día de la semana de sol a sol y la mayoría vivían hacinados en los mismos locales, sin luz, ni ventilación y en pésimas condiciones de salubridad.

Los trabajadores, añadió, no eran conscientes de que eran víctimas de explotación laboral, por lo que no habían denunciado a las mafias que los explotaban, ya que vivían en un mundo "cerrado" y se veían abocados a esos empleos de semiesclavitud debido a su situación de irregularidad.

La investigación pudo constatar que los inmigrantes, debido a que recibían un mísero sueldo que les impedía pagar un arriendo, vivían en los propios locales, en condiciones infrahumanas.

En algunos talleres los agentes descubrieron que había retrovisores de vehículos clavados en las paredes, que permitían a los capataces controlar en todo momento el ritmo de trabajo de los inmigrantes, que casi en su totalidad eran mayores de edad.

Las zonas habilitadas para que las víctimas de la explotación durmieran por turnos son espacios muy pequeños, sin ventilación, con baños muy sucios y cocinas con gas butano sin las mínimas condiciones de salubridad.

Tras el operativo, las víctimas se realojaron en domicilios de familiares y amigos o fueron asistidos por los servicios sociales.

La Policía no emprendió acciones en su contra, al tratarse de víctimas e informaron sobre esta situación al Consulado de China en Barcelona.

Monteys dejó claro que la Policía se ha centrado en detener a los supuestos autores de la explotación laboral y no a los infractores de la Ley de Extranjería, por lo que detuvieron a 77 personas e imputaron a otras cinco, todas ellas de origen chino, menos una que es español, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación, que sigue abierta, pretende aclarar también para qué empresas trabajaban los talleres ilegales desmantelados por si pudiera imputárseles alguna responsabilidad penal.

Precisamente, en las imágenes de la Policía se aprecia que en los talleres había fajos de etiquetas de distintas tallas listas para colgar de las prendas, idénticas a las que utilizan algunas marcas de ropa muy populares, con un espacio para fijar el precio y las banderas de los distintos países en los que se comercializan.

No obstante, Monteys no quiso facilitar el nombre de las marcas o cadenas finales donde llegaban las prendas confeccionadas en estos talleres, y se limitó a afirmar que trabajaban para diferentes empresas y que en el proceso intervenían "muchos intermediarios".