"Autorizó procedimientos administrativos de manera caprichosa, arbitraria e ilegal". Esa fue una de las acusaciones hechas por la empresa Alsacia-Express, en contra del ex ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, a través de una querella en su contra. La razón: señalan que no habría cumplido con los contratos al eliminarle cinco servicios o recorridos en 2016. La concesionaria es clave en el transporte de la capital, pues posee la mayor flota y recorridos, con el 17,3% del mercado.
La acción legal tiene como objetivo que la ex autoridad, que dejó el cargo en marzo pasado, sea formalizada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, abusos contra particulares y el no pago de montos adeudados.
La querella, acogida a tramitación por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, plantea que Gómez-Lobo "condujo procedimientos administrativos, actuaciones y resoluciones" que son "abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico" que afectaron a Alsacia-Express.
La acción se relaciona directamente con la reasignación de servicios -los recorridos D06, D13, 424, 416e y 112-, a Metbus, STP y Vule. Alegan que ellos no podían cumplir con la operación por falta de buses (133 máquinas), lo que fue informado al ministerio, pero este no entregó una respuesta favorable para la renovación de la flota. Se añade que, por el contrario, la cartera eliminó servicios a las empresas, los que fueron asignados "a dedo" a otras firmas, por lo que consideran que se les "expropiaron" estos recorridos.
La presentación añade que la autoridad no les ha pagado una cuota de 200 mil Unidades de Fomento ($ 5.327.726.000), que debería haber sido cancelada este año. Este monto correspondía al término anticipado de los contratos -lo que se realizó en 2011-, lo que implicó una indemnización a los operadores. La firma alega que no se les pagó una de las cuotas, pues el ministerio planteó que tenía problemas financieros. Alsacia agregó que esto la llevó a una grave "crisis financiera".
Samuel Donoso, abogado de Alsacia-Express, planteó que "los hechos revisten características de delito y él era el encargando de ese organismo (...); pedimos que el Ministerio Público investigue a fondo, se determinen responsabilidades y sean sancionados quienes correspondan".
Sobre estas acusaciones, el ex ministro Andrés Gómez-Lobo señaló que "las medidas se adoptaron en el legítimo ejercicio de la normativa prevista en los contratos y siempre con el único foco de mejorar el servicio que reciben los usuarios del Transantiago".
Desencuentros
Las diferencias entre la cartera y las empresas se han hecho más intensas, pues la ministra del ramo, Paola Tapia, sostuvo que esas compañías no podrán participar en la licitación del Transantiago, pues no cumplen con los índices de calidad exigidos. Si bien el gobierno declinó hablar sobre la querella, la ministra se refirió a si Alsacia podrá participar en el proceso. "La Contraloría está revisando las bases de licitación que, en definitiva, va a determinar cuáles van a ser el contenido y las exigencias precisas que se van a establecer (...). A propósito de las presentaciones que ha hecho Alsacia al órgano contralor, se va a determinar lo que procede en este caso".
Los bonistas o acreedores de estas empresas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en junio pasado, pues sostuvieron que la condición financiera en que se encuentra Alsacia se debe a las decisiones de la autoridad. A esto se sumó que la firma se acogió a la norma que reemplazó a la Ley de Quiebras por su situación económica.
