Una sigilosa disputa en tribunales lleva adelante Andes Operaciones y Servicios (Andes), (joint venture entre Agesa, filial de Gas Natural Fenosa, y la argentina CGC), firma operadora de uno de los ductos que sirve para el intercambio de gas entre Argentina y Chile, en contra del Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La disputa se inició luego que el pasado 28 de julio los ministerios de Defensa, Economía y Trabajo entregaran una resolución que determinó cuáles serían las empresas y corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, por considerarse estratégicas. En ese listado se incluyó a Gasoducto Andes S.A. pero no a Andes, que es la que opera el ducto.

La batalla en tribunales no ha estado exenta de dificultades para Andes. El pasado lunes 6 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible por "extemporáneo" el recurso de la compañía. Ello, porque el Código del Trabajo da un plazo de 15 días para recurrir en contra de la cuestionada resolución.

A la fecha la discusión por la admisibilidad de la reclamación sigue abierta, luego que la compañía alegara que el cálculo del plazo debe tomar en cuenta "días hábiles judiciales, por lo que el recurso fue presentado dentro del plazo legal".

En los próximos días el tribunal de alzada se pronunciará si acoge o confirma su rechazo a la arremetida de Andes.

"GasAndes, es responsable ante la ley de su cuidado. De igual forma Andes, al ser la empresa operadora de dicho gasoducto, también tiene en parte dicha responsabilidad", señaló la compañía representada por el abogado Eugenio Evans, socio de Cubillo&Evans. Actualmente, GasAndes opera como respaldo, manteniendo volúmenes de gas en su interior.

Andes advirtió que, en caso de huelga, "la paralización del gasoducto GasAndes y de las operaciones que permiten su funcionamiento puede generar un problema de abastecimiento de gas a la zona central de nuestro país, especialmente a las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana".

Por otra parte, la firma acusó que se generará "un daño a la economía del país", en el caso de que Andes paralizara su actividad. Esto porque, según la compañía "las empresas distribuidoras se verían obligadas a disponer de otro tipo de respaldo, como sus plantas de inyección de propano-aire, producto que es más caro que el gas natural y que presenta mayores complejidades operacionales para su distribución".