La cúpula opositora en la Cámara Baja de Brasil defendió hoy la salida del gobierno del ministro del Deporte, Orlando Silva, quien en el último fin de semana fue acusado de irregularidades por un efectivo de la policía militarizada arrestado por desviación de dinero público.
"Hay necesidad urgente de que se aleje mientras duren las investigaciones", expresó el líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el diputado Duarte Nogueira, con quien coincidió Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista (PPS): "La salida del ministro demostraría que la investigación se realiza con independencia y que él no tiene nada que temer".
A su vez, el líder del derechista partido Demócratas (DEM), Antonio Carlos Magalhaes Neto, dijo que pretende convocar a declarar ante la Cámara Baja al agente que, en entrevista a la última edición de la revista semanal "Veja", acusó al ministro de exigir sobornos de organizaciones no gubernamentales interesadas en obtener recursos públicos para financiar proyectos de desarrollo deportivo para niños pobres.
El autor de las denuncias, el policía Joao Dias Ferreira, fue correligionario del ministro Silva en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y dirige una ONG que recibió recursos del programa gubernamental Segundo Tiempo y que, según el Ministerio del Deporte, no cumplió los compromisos acordados.
SE DEFIENDE
Al declarar hoy sobre el caso ante dos comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro sostuvo que las acusaciones fueron provocadas "por un interés herido", y aseguró que el denunciante -a quien tildó de "criminal"- no tendrá formas de comprobar lo que afirmó a "Veja". "No hubo, no hay y no habrá ninguna prueba de las mentiras dichas por este criminal".
"Que demuestre lo que dice. Hasta ahora, este tipo descalificado no lo hizo. No lo hizo porque no tiene pruebas. Yo sí tengo pruebas de las cosas malas que hizo él", agregó Silva, al presentar a los diputados los papeles de la denuncia formulada por el Ministerio del Deporte contra Dias Ferreira, acusado de enriquecimiento ilícito y desviación de recursos públicos.
Las acusaciones contra Silva generaron un torbellino político en Brasil, a raíz de sus repercusiones en el proceso de preparación del país para organizar el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
