La destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Honduras, aprobada hoy por el Parlamento, fue tildada como un "golpe técnico" por la oposición y como una decisión ilegal por analistas locales.

Los magistrados fueron destituidos a iniciativa del gobernante Partido Nacional por haber declarado ilegales, el pasado 27 de noviembre, unas medidas aplicadas por decisión del Ejecutivo en la Policía Nacional en el marco de un proceso de depuración de la institución, que ha sido infiltrada por el crimen.

El analista y ex diputado del Partido Nacional Raúl Pineda dijo que lo resuelto esta madrugada por el Parlamento ha sido "totalmente incorrecto", con el argumento de que la ley vigente "no autoriza a los diputados a destituir a los magistrados".

Según la Constitución hondureña, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte. En opinión de Alvarado, a partir de ahora "los jueces estarán bajo amenaza cuando sus fallos desagraden a los políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo".

El ex presidente del Supremo Miguel Angel Rivera dijo que la ley no faculta a los diputados para destituir magistrados, quienes, en todo caso y si habían incurrido en algún error, "tenían que haber sido escuchados para darles por lo menos, ese elemental derecho constitucional".

Germán Leitzelar, diputado por el minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a los periodistas que lo ocurrido esta madrugada es "un golpe entre poderes", mientras que el diario capitalino El Heraldo tituló "Conspiración contra la democracia. Congreso fraguó golpe técnico al poder judicial".

Por su parte, el subsecretario de las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, dijo hoy en El Salvador que espera que la "crisis" por la destitución de los magistrados se resuelva por la vía constitucional y del diálogo.

"Esa siempre ha sido nuestra postura en cualquiera crisis que pueda suscitarse al interior de un país miembro", añadió Muñoz en San Salvador, donde acude a una reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La destitución de los jueces contó con el respaldo del presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien expresó públicamente su malestar porque declararon la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, e incluso les llegó a preguntar si "estaban del lado de los delincuentes".

Los magistrados destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo, mientras que el otro miembro de la Sala, Oscar Chinchilla, se mantiene en el cargo porque fue el único que votó a favor de la constitucionalidad de las pruebas de confianza.

Tras una prolongada sesión que inició el martes, 97 de los 128 diputados votaron a favor de la destitución de los magistrados, en tanto que los 31 restante lo hicieron en contra.

Esta mañana, Juan Hernández, presidente del Parlamento y candidato presidencial del Partido Nacional en las elecciones de noviembre próximo, juramentó a los cuatro nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional.

Se trata de Silvia Trinidad Santos, German Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano, quienes fueron escogidos de una lista de 45 nominados en 2009 para integrar la Corte Suprema de Justicia.

El fallo judicial que provocó la destitución de los magistrados se produjo dos días después de que había caducado el decreto que prevé las pruebas de confianza.

Ese decreto venció el 25 de noviembre pasado y dos días después Lobo pidió al Parlamento que lo prorrogara por otros seis meses, sin que hasta ahora los legisladores hayan respondido.

Dada la falta de consenso entre los cinco magistrados de la Sala para declarar la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, el caso pasó al pleno del Supremo, que este miércoles debía pronunciarse definitivamente.

Pero a raíz de la destitución de los cuatro miembros de la Sala, los quince magistrados del Supremo pospusieron para una fecha aún por definir la reunión prevista para este miércoles, según la información disponible.