Son 19 organizaciones relacionas a los derechos humanos y la memoria las que a través de un comunicado rechazaron la revocatoria de la condición de refugiado de Galvarino Apablaza, el ex frentista sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Las protestas comenzaron luego de que la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de Argentina revocara la condición de Refugiado Político de Apablaza, la que había mantenido desde que le fue otorgada en 2010. Lo anterior abrió la puerta para que el Gobierno chileno demandara su extradición.
Según las mismas organizaciones, entre las que se incluyen Londres 38 y la Brigada Salvador Allende, "Apablaza fue víctima de la prisión política y la tortura y está acreditado su paso por Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví, y su posterior expulsión del país sin juicio previo, en 1975".
"En Argentina, diez organismos de derechos humanos rechazaron la decisión de CONARE y solidarizaron con el afectado, entre ellos la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo", sostiene el comunicado.
Además, las organizaciones chilenas agregan que "el testimonio sobre su prisión y tortura, entregado por Apablaza a la Comisión Valech II, ha sido el argumento utilizado por Argentina para afirmar que sus derechos estarían garantizados en Chile. Por el contrario, creemos que en nuestro país no existen las condiciones para un juicio justo debido a la campaña desatada por la UDI y a la existencia de numerosos casos de personas que han permanecido años en prisión preventiva, siendo absueltos posteriormente".
Las organizaciones aseguran que de ser extraditado, en el caso de Apablaza podría repetirse lo que ocurrió en otros casos de derechos humanos, como el del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna "quien fue condenado a 16 años de reclusión, a pesar de la existencia de numerosos antecedentes que demuestran su inocencia", aseguraron.
De hecho, el caso de Mateluna generó distintas reacciones en el mundo político, llevando al diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de diputados, Sergio Ojeda, a asegurar que "hay una clara violación a los derechos humanos, porque (Jorge Mateluna) no ha sido juzgado de acuerdo a las normas y no se respetaron los procedimientos legales para su encarcelación (...). Aquí se han violado los tratados internacionales y no se han respetado los derechos universales de una persona, que debe ser procesada y atendida de manera objetiva por los tribunales, cuestión que aquí no ha ocurrido".
"Por estas razones rechazamos la decisión de CONARE, solicitamos su revocación y hacemos presente al ACNUR que este hecho constituye un grave antecedente que afecta el derecho al refugio y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario", concluyeron.
