¿Es una de las peores derrotas para el gobierno, sobre todo en una reforma tan importante para el PS y el PC?

Sin dudas, es un traspié importante. La reforma tenía tres pilares. En uno de ellos, la titularidad sindical, el TC fue absolutamente pro empresario. La desmontó completa. Fue un golpe duro.

El gobierno criticó el fallo y, además, la Constitución. Si La Moneda remarca estos cuestionamientos a la Constitución, ¿por qué no cambiarla ahora, durante esta administración, en vez de dejar el problema para un próximo gobierno?

Tengo un matiz con la declaración del gobierno. Yo estoy de acuerdo con cambiar la Constitución y con reorientar la existencia del TC, porque no me parece razonable que haya un control de constitucionalidad antes que un proyecto se transforme en ley. El control debería ser ex post, o sea, por la vía de la inaplicabilidad. Pero no estoy de acuerdo en que esto sea la centralidad de cómo se enfrenta el problema. La resolución sobre titularidad sindical atenta contra la Constitución. Lo que está haciendo es una arbitraria discriminación, porque está diciendo que los grupos negociadores van a tener más derechos y atribuciones que los sindicatos. Y la Constitución reconoce en el sindicato al actor fundamental de la relación laboral. En eso el TC se equivocó, por razones jurídicas y políticas. Entonces, hay que ver el fallo, analizar las alternativas que hay. Y el mundo del trabajo también debiera reaccionar, porque hay transgresiones a derechos fundamentales y regresión laboral, lo que está prohibido por pactos internacionales que Chile ha suscrito. Hay que concurrir a la Comisión Interamericana de DD.HH. Hay que armar la tarea de enfrentar este fallo, en el marco de la ley. Si esto se circunscribe al debate de una nueva Constitución, no estoy dispuesto a esperar hasta un próximo gobierno. Diría que si eso es lo central, entonces ‘nueva Constitución ahora’.

¿Quién debe recurrir a la Comisión Interamericana?

El mundo sindical.

¿Y los partidos? ¿Usted, por ejemplo?

Por supuesto. Lo que pasa es que el requerimiento es contra el Estado de Chile.

Es complicado…

Es una decisión política. Pero claramente hay una transgresión a derechos fundamentales. Se está atentando contra el pilar fundamental de la normativa laboral internacional.

Este fallo se suma al de la glosa por gratuidad. Por eso, la oposición hace una crítica general. ¿No hay algo que revisar sobre cómo se están llevando las reformas?

Para eso es necesario que la derecha genere una vocación distinta. La derecha en el Parlamento no puede ser la voz de los poderosos. El día que ellos resuelvan esa contradicción, va a ser fácil conversar, pero mientras la derecha se sienta mandatada por el gran empresariado, tenemos una dificultad. No tenemos una derecha autónoma con la cual uno pueda conversar. Mientras ese cordón umbilical no se corte, es muy difícil construir acuerdos, porque entonces es mejor hablar directamente con los empresarios.