Una investigación penal abrió ayer la Fiscalía Centro Norte a propósito de los cambios de domicilio unilaterales en el padrón electoral que afectaron a más de 400 mil votantes.
Luego de la denuncia interpuesta el viernes por el diputado RN Nicolás Monckeberg, el fiscal regional Andrés Montes instruyó a la jefa de la Unidad de Alta Complejidad, Ximena Chong, para indagar sobre eventuales hechos constitutivos de delitos.
Según explican fuentes ligadas a esta causa, el Ministerio Público investiga presuntos delitos consagrados en el artículo 56 de la nueva Ley Electoral, donde se persigue negligencia en el extravío de información.
"El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo", dice la norma que entró en vigencia para el actual proceso electoral.
El mismo artículo señala a continuación que si en la "desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos".
El fiscal Montes señaló ayer que sobre el alcance de la causa: "Aquí podría haber figuras dolosas y culposas, que son específicas de la ley electoral, que son las que hay que analizar", dijo, agregando que además había enviado los antecedentes de la denuncia -a la que se suma otra interpuesta por la misma materia por el senador Alejandro Navarro ayer- al Consejo de Defensa del Estado.
Responsabilidades políticas
Ayer, antes de partir rumbo a Valparaíso para asistir a la discusión del proyecto de ley corta para solucionar el problema del Servel, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, informó la decisión del Ejecutivo de solicitarle al contralor, Jorge Bermúdez, realizar una investigación sumaria administrativa en el Registro Civil para determinar qué es lo que ocurrió, detectar eventuales errores y definir cuáles son las medidas que es necesario adoptar.
"Nos parece que les da garantías a todos que sea la Contraloría quien lleve a cabo este sumario y no el propio Ministerio de Justicia o el Servicio del Registro Civil", aseguró ayer Díaz desde La Moneda.
Esta medida se suma a la realizada el viernes por el Ministerio de Justicia, que -a través de un oficio- solicitó a Contraloría llevar a cabo un informe de auditoría especial sobre los procesos que pudieron haber fallado en el procedimiento del Registro Civil.
Así, el secretario de Estado insistió que es voluntad absoluta del gobierno lograr esclarecer las responsabilidades correspondientes en este caso. "Que se establezcan los hechos, las responsabilidades y a partir de ahí las decisiones que corresponda adoptar", insistió.
Consultado respecto de eventuales responsabilidades políticas, particularmente del rol de la ministra de Justicia, Javiera Blanco -a cargo del Registro Civil- el vocero Díaz se limitó a declarar: "Vamos a establecer todas las responsabilidades, no les quepa ninguna duda", evitando así referirse a este tema.
El domingo, desde Chile Vamos insistieron en la necesidad de definir las responsabilidades por parte del Ejecutivo como requisito para apoyar la iniciativa tramitada en el Parlamento ayer, situación que el Ejecutivo evitó realizar.
Pero las críticas no quedaron solo en la oposición. Desde el oficialismo surgieron durante el día de ayer una serie de cuestionamientos, particularmente al rol de los ministros Blanco y Nicolás Eyzaguirre de la Segpres, insistiendo que era necesario que el Ejecutivo diera una señal y se hiciera cargo de este conflicto.
El ministro Díaz, sin embargo, horas antes desde Palacio había sido explícito en asegurar que la organización del proceso eleccionario está en manos del Servel como ente autónomo. "Por lo tanto, la responsabilidad en la organización de los procesos electorales hoy día no recae en el gobierno", concluyó.