La reforma al Código de Aguas, que actualmente se discute en el Congreso, ha causado inquietud en diversos sectores económicos del país. Uno de los principales puntos en controversia apunta al aumento de multas y a la caducación de derechos de uso que no se estén utilizando.

De acuerdo con información proporcionada por la Tesorería General de la República, en los últimos cinco años el pago de multas por este concepto se ha triplicado. Es así como en 2010 se cancelaron $ 11.571 millones (equivalentes actualmente a unos US$ 22,6 millones), mientras que en 2015 este valor subió a$ 33.228 millones (US$ 50,7 millones).

Para la Dirección General de Aguas (DGA), el aumento en la recaudación de esta multa tiene una explicación clara. "Se debe principalmente a que, según lo establece el Código de Aguas vigente, entre los años sexto y décimo inclusive de no uso del derecho de aprovechamiento, los valores inicialmente cobrados se multiplican por el factor 2, lo que para los derechos anteriores a la reforma de 2005 ocurrió desde el año 2011 al 2015", explica Carlos Estévez, director general de Aguas del MOP.

Estévez agrega que a pesar del aumento de la recaudación, la reforma introducida en 2005 no ha tenido los efectos positivos que se esperaban, "ya que muchos derechos siguen sin uso". Debido a lo anterior, la indicación sustitutiva presentada por el gobierno al proyecto en trámite en el Parlamento consigna un aumento cada cuatro años en el monto de las patentes y no cada cinco, como en la normativa actual, sumando, además, valores más altos.

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De acuerdo con director de la DGA, el aumento en las multas se complementa con "la simplificación del proceso de remate por parte de Tesorería de los derechos que no han pagado patente por no uso, lo cual también se considera en la reforma", que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

Revisión de mecanismo

Para Susana Jiménez, economista de LyD, el aumento en las multas y la posibilidad de caducarlos no es la mejor alternativa.

"En teoría, si tú quieres hacer un resguardo para evitar que la gente esté acaparando agua, es suficiente con los costos incrementales de la patente", señaló Jiménez.

Agregó que caducarlo "es muy gravoso para quienes no utilizan los derechos por otras razones, porque la tramitación de los permisos es muy larga, o porque no han podido iniciar obras". De acuerdo con la economista sería "razonable" revisar si el pago de patentes es suficientemente disuasivo para eliminar estos casos de no uso de derechos," que son los menos".

Mientras, Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señaló que en su sector es poco probable que existan derechos de agua sin uso y que no tiene sentido mantener derechos "por el alto costo de la patente para proyectos en los que no se tiene claridad de cuándo podrán desarrollarse. Incluso muchos están optando por desprenderse de esos derechos y un claro ejemplo es lo que ocurrió con Endesa".

El líder del gremio agricultor agregó que si bien la actual normativa "considera el pago de patentes, lógicamente un incremento en los montos puede desincentivar aún más que se mantengan derechos sin usar y por ende, fuerza a venderlos o devolverlos".