La transparencia e intercambio de información financiera impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ya está teniendo un efecto tangible: desde 2009 más de medio millón de contribuyentes ha participado en programas voluntarios y declarado cuentas y activos antes ocultos a sus autoridades tributarias, lo que ha permitido recaudar impuestos por unos 37 mil millones de euros (unos US$ 50 mil millones), en países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

La Ocde está animando a los países a considerar estos programas voluntarios y advierte que con el intercambio automático de información financiera con fines tributarios (ya difundió el texto final del estándar que regirá el intercambio) que se pondrá en marcha a partir de 2017 las autoridades podrán detectar con más facilidad los activos de sus contribuyentes en el exterior.

La Ocde está actualizando sus políticas sobre esta materia, contenidas en el informe  de 2010 "Offshore voluntary disclosure: comparative analysis, guidance and policy advice", y hasta el 12 de septiembre recibirá comentarios respecto del marco de referencia.

Hoy, la Ocde establece principios clave para un programa voluntario de declaración o repatriación de capitales. Primero, deben ser claros respecto de sus objetivos y plazos, aumentando la recaudación en el corto plazo y asegurando el cumplimiento en el mediano plazo. Esto implica ofrecer a un grupo específico de contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación tributaria por un período determinado a cambio de concesiones en las penas civiles o criminales a las que se exponen si la entrega de información no es voluntaria.

Segundo, los programas deben ser efectivos, lo que exige una contabilidad creíble de ingresos y costos.

Tercero, deben ser consistentes con el régimen general, esto es, deben proporcionar un incentivo a la participación sin frustrar a los contribuyentes que han cumplido sus obligaciones en tiempo y forma. Algunos programas han recaudado el monto original de impuestos y ofrecido descuentos en multas e intereses, otros han ampliado el tiempo en el que puede regularizarse una situación, y otros obviado el período de cárcel que acarrearía un juicio normal.

Cuarto, deben mejorar de manera permanente los niveles de cumplimiento, aumentando los riesgos para quienes forman parte de la población objetivo y eligen no participar. Deben convencer a la población de que las autoridades perseguirán a los incumplidores.