Despejada la incógnita acerca de la postulación de Santiago a organizar los Juegos Panamericanos de 2023, ahora comienza la carrera por quedarse con la sede. Una lucha que deberá sostener con Buenos Aires. Cabe recordar que el único requisito para postular es el pago de US$ 50 mil y la presentación de cuatro cartas avaladas por las máximas autoridades políticas y deportivas de las naciones aspirantes.

El primer cara a cara importante se dará en la Asamblea de Odepa, que se desarrollará el 25 y 26 de abril en Montevideo. Es ahí, en medio de las elecciones de Odepa, donde se ratificará la declaración de intenciones de ambas ciudades aspirantes y será la ocasión para iniciar las conversaciones con los distintintos comités olímpicos nacionales, los que en definitiva emiten su voto en la asamblea general del organismo, en Lima, entre el 13 y 17 de septiembre. Eso sí, el 30 de abril deberá ser entregado el proyecto final, pues lo que aprobó Bachelet es el anteproyecto inicial.

Hace cuatro años, Chile iniciaba su carrera para quedarse con la sede de 2019. Sus competidores eran la capital peruana, la venezolana Ciudad Bolívar y la argentina La Punta.

En esa ocasión, la representación nacional se mostró como la candidatura más cercana al cuestionado timonel de Odepa, el fallecido Mario Vázquez Raña, lo que no favoreció sus aspiraciones. Además, pesó a los ojos de los votantes el rechazo a organizar el evento en 1975 y 1987.

En términos de lobby, Lima fue la ciudad que mejores resultados obtuvo, ya que ganó la elección con una abrumadora mayoría. Esto, a pesar del triunfalismo chileno. "Creí en las personas y fue una equivocación. Ninguno de los que nos dijo que iba a votar por nosotros, lo hizo después", decía Ilic tras ese duro revés.

Durante los días previos a la votación, el presidente del Comité Olímpico de Venezuela, Eduardo Álvarez, no tuvo problemas en emplazar a su par peruano, José Quiñones, por una supuesta compra de votos. "No es el caso de Chile, pero hay algunas ofertas pecaminosas, como las de Perú, que se salen de la lógica, por lo que no parece ser una competencia honesta", explicaba el dirigente llanero a La Tercera. Y no se quedaba ahí: "Nosotros hemos vendido nuestra candidatura a conciencia y no comprando votos mediante ofertas económicas".

Lima ofrecía un fondo de US$ 100 mil a cada Comité Olímpico Nacional para entrenamientos y capacitaciones, además de una tablet para cada integrante de la familia Odepa y cada jefe de misión. A ellos también se les ofreció un paquete de viajes gratuitos a elección.

Un miembro de la delegación nacional relata que Chile gastó cerca de US$ 1 millón en el proceso de presentación de la candidatura, el que incluyó costear la estadía de los dirigentes y sus acompañantes, las recepciones de rigor, la producción audiovisual y también los viajes de visita a cada una de las naciones que vota en el proceso. Eso sí, el reglamento de Odepa no permite regalos. "Lo más importante no es la plata que se gaste, sino qué tan potente y concreta es la oferta para ser la ciudad sede", afirma.

En ese escenario, lo más complejo es convencer a naciones pequeñas, casi sin deportistas, pero que cuyo voto vale lo mismo que el de una potencia. En 2013 la promesa peruana de un adelanto de los dineros de los derechos de transmisión fue clave para convencer a las islas del Caribe.

En cambio, el ofrecimiento chileno fue mucho más modesto y se enfocó más en facilidades para las delegaciones deportivas que en regalías para dirigentes.

Asimismo, la inversión total que comprometió Chile fue de US$ 658.140.000, de los cuales US$ 90 millones correspondían a la operación y la logística, mientras que el resto se lo llevaba la construcción de la Villa Panamericana en Cerrillos.

Y si bien Lima ganó la sede de 2019, ofreciendo US$ 1.500 millones, su realización todavía sigue en entredicho, pues ha habido severos retrasos en los compromisos y pagos. Por otro lado, buena parte de la delegación terminó salpicada por escándalos de corrupción.

El Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte peruano inhabilitó a José Quiñones por cinco años para ejercer cargos directivos, pues se le investiga por el mal uso de fondos públicos por US$ 54 millones, mientras que Francisco Boza, timonel del Instituto Peruano de Deportes al momento de la elección, renunció luego de que se comprobara que utilizó influencias para intervenir en el presupuesto de la nación, lo que gatilló en una investigación por asociación ilícita, que en octubre lo envió a prisión por un breve período.