Una compleja situación afecta a alrededor de 600 propietarios de terrenos en Papudo, quienes denuncian que hace un par de días comenzaron a recibir notificaciones del municipio que ordenan la demolición de sus viviendas. Esto, porque los terrenos no serían aptos para construir y además no cuentan con los derechos de edificación necesarios.

Los vecinos pertenecen a cinco comunidades de propietarios que en conjunto tienen alrededor de 250 hectáreas: Aire Mar, Campo Mar Brisas del Mar, Lomas del Mar y Los Boldos.

Según explica el presidente de la comunidad Aire Mar, Manuel Trincado, desde hace cinco años se empezaron a poblar esos territorios: "La inmobiliaria Oregon comenzó a vender porcentajes de parcelas. Ellos nos advirtieron que era la municipalidad la que tenía que entregar los permisos para construir, pero desde el municipio se niegan a entregarlos sin ninguna explicación más que porque serían irregulares, sin darnos solución".

Los terrenos se vendieron en lotes que iban desde los $ 3 millones a los $ 5 millones. A raíz de las ventas que estaba realizando la inmobiliaria, en 2015 el municipio demandó a la empresa por el delito de loteo irregular y posible estafa. Sin embargo, el Tribunal de Garantía de La Ligua falló a favor de la inmobiliaria, la que contaba con el apoyo de los vecinos.

Rafael Almarza, abogado contratado por la municipalidad para interponer la querella y llevar el caso, explicó que el problema surge a raíz de que las propiedades están siendo construidas en terreno de uso agrícola.

"Ese tipo de suelo restringe la cantidad de viviendas que se pueden edificar y permite alrededor de dos viviendas por hectárea. Aquí por cada hectárea se estaban vendiendo de 10 a 15 derechos y cada uno de ellos había iniciado la construcción de sus viviendas. La dirección de obras del municipio no tiene cómo autorizar permisos de construcción en una zona donde está prohibida", explicó. El abogado señaló que el cambio de uso de suelo le correspondería al Ministerio de Agricultura y al Servicio Agrícola Ganadero. "Nadie en su sano juicio quiere ordenar la demolición de la casa de una persona. Pero si no logran hacer el cambio del uso de suelo ante las autoridades pertinentes, el municipio está en la obligación de darles curso a los decretos de demolición", señaló Almarza, y advirtió que de lo contrario "la alcaldesa podría ser acusada de abandono de deberes".

Hasta ahora se han cursado 11 decretos de demolición, de los cientos que debe cursar. Desde el municipio señalaron que necesitan el apoyo de la fuerza pública para llevar a cabo el procedimiento, por lo que estarían a la espera del Ministerio del Interior.