Paraísos fiscales: la ruta del dinero de la mafia

En los delitos económicos o aquellos vinculados con el robo, defraudación o malversación de dineros, uno de los principales objetivos de la fiscalía -junto con obtener condenas ejemplificadoras contra los responsables- es recuperar el dinero sustraído.

En el denominado "Robo del Siglo", cuando en 2014 un grupo de asaltantes se apropió de $ 6 mil millones sustraídos desde un camión de valores en la losa del aeropuerto de Santiago, el Ministerio Público admitió -durante el juicio- haber recuperado sólo el 2,2% del botín, entre efectivo, autos y especies incautadas. Del resto del dinero todavía no se sabe.

Esa inquietud ronda hoy en la investigación del equipo liderado por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por la malversación de caudales públicos más grande de la década, la que se atribuye a la llamada "mafia de la intendencia" que operaba en Carabineros: poder identificar la ruta de los $ 17 mil millones de las arcas fiscales que, hasta el momento, se tiene certeza fueron desviados por la agrupación.

Una de las versiones que se instaló entre los miembros de la "mafia", y que figura entre los testimonios recogidos por la fiscalía, apunta a un viaje a Europa que a mediados de 2016 habrían realizado los principales líderes del grupo: el teniente coronel Héctor Nail, el teniente coronel Robinson Carvajal y el mayor Nelson Valenzuela, hoy todos en prisión preventiva.

Poco antes del viaje, según este testimonio, el entonces director de Finanzas, general (I) Flavio Echeverría, habría mandado a comprar una caja de seguridad para guardar dólares y euros, moneda extranjera que les habría permitido -en esa época- minimizar los volúmenes de los millones sustraídos de los dineros fiscales.

Según el modus operandi revelado por la fiscalía en las diversas audiencias de formalización que se han realizado a los funcionarios de Carabineros, la asociación ilícita operaba transfiriendo desde cuentas de la institución a testaferros altas sumas de dinero, las que eran sacadas por caja por estos receptores reclutados por la "mafia" y retornadas en efectivo a los líderes de la agrupación en bolsos y maletines.

Hasta el momento, los análisis patrimoniales de los sindicados líderes de la agrupación no cuadra con la cantidad de dinero malversado, según los cálculos de la fiscalía, el OS-7 de Carabineros y los funcionarios de Contraloría que participan en la revisión de las cuentas de la institución. Una situación que hace surgir la interrogante acerca del destino de los $ 17 mil millones.

En la causa se barajan diversas hipótesis investigativas: una es que se hayan adquirido y/o traspasado bienes (configurando el delito de lavado); otra, que se haya ocultarlo "bajo tierra" y, también, está la opción de que dichos dineros hayan sido trasladados a paraísos fiscales.

Esta última línea investigativa fue señalado por uno de los miembros operativos de la banda, que apunta a la masiva adquisición en 2015 y 2016 de moneda extranjera en casas de cambio del centro de Santiago y el destino de estas divisas en el extranjero en entidades bancarias de denominados paraísos fiscales.

La semana pasada, el fiscal Campos -a través de un escrito ingresado al 7° Juzgado de Garantía- solicitó alzar el secreto bancario de 20 personas, ex generales y oficiales indagados, además del funcionario de la Dirección de Presupuestos Hugo Zúñiga (ver página 6) para indagar el destino final de los recursos malversados.

Además, la fiscalía evaluaba diligencias en los últimos días, sin descartarse el arresto y formalización de estos últimos funcionarios, pertenecientes a la "mafia anterior", es decir, quienes ocupaban los cargos en años anteriores a los que ya están detenidos.

En la petición de alzamiento bancario el investigador solicita -entre otras medidas intrusivas- que las entidades nacionales de los investigados informen "si estas personas han realizado alguna operación de capítulo XIV del compendio de normas de cambios del Banco Central, a través del referido banco".

La idea es detectar si existieron operaciones de cambios internacionales relativas a créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital, provenientes del exterior superiores a 10 mil dólares. También se pidió alzar el secreto bancario de "operaciones en el exterior" de los imputados y que se indique fecha, monto y todas las entidades que intervinieron en el proceso.

Aún así, el fiscal Campos, en su escrito aspira a encontrar el dinero en territorio nacional, ya sea a través de pagarés, vales vista, inversiones en la Bolsa capitalina y arrendamiento de cajas de seguridad donde pueden estar ocultas las platas de la malversación.

Quien es sindicado por la fiscalía como el subjefe de la "mafia", el coronel (R) Jaime Paz -al igual que el general (I) Flavio Echeverría- ha buscado aminorar la pena que arriesgan renunciando a su derecho a guardar silencio ante los fiscales y dando cuenta de cómo operaron para desviar recursos fiscales a su favor.

En su primera declaración ante el fiscal Miguel Angel Orellana, a la que accedió Reportajes, el oficial jefe del Departamento I de Presupuesto y Finanzas dijo que cuando llegó a ese lugar conoció al teniente coronel Robinson Carvajal y al capitán Carlos Rojas, y que al poco tiempo, en 2013, el primero de ellos "me indicó que podríamos hacer algo para hacer recursos extraordinarios utilizando como canal para ello el Departamento I". La operatoria, según Paz, "consistía básicamente en girar cheques a nombre de un tercero y luego esos dineros cobrados por terceros eran recaudados por Eduardo Pardo (asesor del departamento), quien posteriormente, al tener el monto total, los repartía".

Este imputado, casado con una también funcionaria de Intendencia, denomina a lo que la fiscalía investiga como una "operatoria para obtener recursos extraordinarios" y sitúa el actuar de la denominada mafia en los años 2013, 2014 y 2016, además de ejemplificar cómo el apetito de los involucrados fue aumentando con el tiempo al no ser sorprendidos. "En 2013 habrían sido unos ocho cheques de $ 90 millones cada uno, aproximadamente, en tanto en 2014 pueden haber sido ocho o 10 cheques por los mismos montos, y finalmente, el 2016, cerca de 12 o 13 cheques por los mismos montos que los años anteriores (...). Los dineros que ingresaron a mi patrimonio personal producto de los dineros desviados de esta forma deben haber llegado a los $ 700 u $ 800 millones", aseguró acompañado por su defensor, Roberto Coloma.

El coronel Paz también declaró que, no obstante esa fórmula, en 2014 Carvajal le señala que "mi general Flavio Echeverría le había insistido en encontrar una forma de obtener recursos extraordinarios para un beneficio personal". En esa época, dice, había reclamos por problemas en la cuenta de "desahucios" de Carabineros que habían llegado a oídos del entonces general director Gustavo González Jure. "Ante ello, se buscó una manera para poder pagar con anticipación dichos desahucios, ahí lo que se pensó y se hizo fue mandar anticipos al Departamento III desde el Departamento I para que se pagaran y después, a medida que iban llegando los montos de descuento, el Departamento II tenía que devolver esos valores para cubrir lo anticipado", explicó. Acto seguido, el subjefe de la Dirección de Finanzas sostuvo que "sobre esa dinámica pudimos darnos cuenta de que se generaba una brecha en el sistema que básicamente nos permitía traspasar dineros desde el Departamento I por concepto de Desahucios e ingresarlos a la cuenta del Departamento III de Tesorería, esos dineros eran sustraídos desde dicho Departamento por medio de transferencias electrónicas a terceros".

Paz, Echeverría, Valenzuela, Nail y el resto de la "mafia" están en prisión preventiva desde el 20 de marzo. En un inicio fueron destinados a una casona en calle Sucre, recinto donde se destina a uniformados bajo esta medida cautelar (por su condición de policías no se mezclan con el resto de la población de imputados por eventuales represalias), sin embargo, a poco andar fueron trasladados hasta el Centro Penitenciario Transitorio Pudahuel Norte.

Poco antes de ser detenidos, el grupo se había juntado en un mall capitalino; de esta reunión hay imágenes -que fueron reveladas por La Tercera-, pues ya en ese momento la fiscalía pesquisaba sus pasos. Respecto de esta cita, el coronel Paz sostuvo ante el fiscal que "en lo relativo a la reunión desarrollada en un café del Costanera Center en el mes de marzo del presente año, no tengo claro quién articula la reunión, pero en ella nos encontramos Nail, Carvajal, Pedro Valenzuela y yo. El tema a tratar eran los montos involucrados y no hubo mayores avances respecto de la información que se entregó".

Paz comenta que hacia fines de 2015, el general Echeverría le pidió que revisara lo que estaba ocurriendo con el comandante Nail por un desorden que había con flujos de dinero que estaban saliendo. "Cité a mi oficina al comandante Nail, le solicité que me indicara el monto de los dineros que se encontraban cuestionados y los cuentacorrentistas a los que se les había depositado, ante lo cual textualmente me indicó: 'Sobre mi cadáver', información que traspasé a mi general Echeverría", dijo Paz. Esto, pues según su versión él participó en los desvíos a través de cheques y en la cuenta de desahucios, pero no de aquellos correspondientes a cuentas de remuneración que fueron los descubiertos en octubre del año pasado tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tras un millonario depósito a un oficial en Punta Arenas.

"Durante el primer semestre de 2016, mi general Echeverría nos citó a una reunión en la que participaron Nail, Valenzuela y yo, en su oficina... Nos señaló que las platas mal depositadas a mi capitán Avila, capitán Collao y capitán Estrada había que regresarlas, para ello sindicó a Nail y le dijo que cada uno de nosotros debía devolver dineros, no señaló en esa oportunidad los montos, pero finalmente yo hice entrega de $ 45 millones, aproximadamente, en dos parcialidades, que entregué al comandante Nail, desconociendo la ruta de ese dinero", reveló.

Una de las revelaciones de Paz tiene que ver con que en la propia oficina del Departamento de Finanzas de Carabineros se traspasaban los montos en efectivo. Prueba de ello fue una transacción que se hizo en marzo de este año, poco antes de que la fiscalía pidiera una orden de detención en su contra. Según la versión de Paz, el comandante Carvajal lo llamó y le dijo que el capitán Carlos Rojas lo había llamado pidiéndole ayuda, pues debía devolver $ 70 millones que supuestamente tenía en su casa, hecho que -según el coronel- "no era cierto". Explica que Carvajal -quien ya no era parte de la institución a esa fecha- "me preguntó si lo podíamos ayudar, consultándole por el monto que se requería, a lo que me señaló que lo que pudiera. Frente a ello, tomé contacto directo con el capitán Rojas y le pregunté cuánto necesitaba, me confirmó que eran $ 70 millones, indicándole que tenía $ 50 millones y que se los entregaría en la mañana (...). Fue así que el capitán Rojas se presentó en mi oficina y le entregué las llaves del vehículo fiscal y le indiqué que el dinero se encontraba en una caja al interior del maletero del automóvil, desde dónde retiró el dinero y desde ese momento no lo he vuelto a ver".

Sin mediar pregunta, al finalizar ese interrogatorio, el coronel Paz le entrega al fiscal Orellana un dato relevante con miras a la investigación paralela que se ha abierto por el uso de los gastos reservados dentro de la institución: "En lo relativo a la administración de gastos reservados puedo señalar que eran directamente manejados por el director de Finanzas, quien, en el fondo, ejecutaba las directrices del general director". Junto a este testimonio entregó las planillas que serán periciadas por la fiscalía para saber si fueron creadas tras desbaratarse la "mafia" o efectivamente datan de las épocas relatadas por los imputados.

La versión de Paz sobre quiénes conocían el uso de los gastos reservados sería ampliada el 18 de mayo, centrándose principalmente en lo que respecta a la arista gastos reservados que indaga la fiscal Centro Norte, Macarena Cañas.

Ante esta fiscal, el jueves 25 declaró en calidad de imputado el general (R) Iván Whipple, quien antecedió a Echeverría como jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros. Este último lo sindicó como quien le heredó el listado de pagos de gastos reservados en la institución, nóminas que, entre otras, contienen los nombres del actual general director de Carabineros (cuando era jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) y de la ex subsecretaria de la institución, la actual consejera del CDE Javiera Blanco.

Whipple habría relatado a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte que ocupó el cargo en Finanzas entre 2006 y 2011. Pese a negar tener conocimiento de cómo operaba la "mafia" en la Intendencia de Carabineros, el general retirado habría validado la existencia de nóminas para el pago de gastos reservados y que en ella estaba la entonces subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco. Sostuvo, sin embargo, que no le constaba que el pago se hubiera ejecutado, ya que eso quedaba en manos del general director de la época, Eduardo Gordon, u otro funcionario de la repartición.

Al ser consultado por las razones que justificaban los pagos a Blanco, el general (R) dijo que ello podía deberse a que la subsecretaria tenía gestos a favor de la institución. Declaró, además, que, según sabía, dichas prácticas existían desde los años 60.

Otro que ha declarado en torno al supuesto mal uso de los gastos reservados por parte del Alto Mando de Carabineros es el teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín, el único imputado que se encuentra bajo una medida cautelar de menor intensidad arrestado en su casa.

El ex oficial de Intendencia habría sostenido que fue testigo de cómo el general Echeverría repartía dineros de gastos reservados en efectivo por todo el país.

Las últimas diligencias realizadas por el equipo de Cañas agilizarían las citaciones al otrora general director (R) Eduardo Gordon, quien sería el primer oficial de esta envergadura en declarar como imputado en la búsqueda de eventual malversación de los caudales públicos, en específico los más de $ 600 millones anuales que Carabineros tenía a su disposición respecto de gastos reservados.

Para la próxima semana, la fiscal Cañas tiene citado al también general (R) de Intendencia Julio Pizarro Konga. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, aseguró a Reportajes que declarará que "sí tenía conocimiento de las listas para asignar gastos reservados, según orden que se le hacía llegar como era la costumbre, pero él no los repartía".

Cañas, además, tiene previsto coordinar el interrogatorio a Javiera Blanco y al general director Bruno Villalobos, quienes ya han declarado como testigos en la causa que investiga Campos, pero que en la arista que tramita la fiscal de Alta Complejidad necesariamente deberán hacerlo como imputados para resguardar sus derechos.