Los conflictos judiciales y políticos de cuatro gobernadores, revelados ayer por La Tercera, generaron que  desde el propio oficialismo pidieran las renuncias de los gobernadores involucrados.

Los senadores de la Nueva Mayoría Carlos Montes (PS) y Pedro Araya (Ind.) concuerdan en que las designadas autoridades dejen su cargo a disposición de Bachelet.

Araya sostuvo que el gobernador de Antofagasta, Hernán Venegas, cuestionado por recibir pensión Valech sin calificar para el beneficio, "debe dar un paso al lado para que dejemos de titular los diarios con las designaciones". Montes, en tanto, afirmó que "si es efectivo todo lo que se está diciendo, se tienen que tomar decisiones fuertes".

Ambos senadores coincidieron en que son los gobernadores cuestionados quienes deben dimitir. Uno de los casos más complejos es el de la gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio.

La nueva autoridad figura con un puntaje en la Ficha de Protección Social que la deja dentro del 1% más pobre del país, pese a haber desempeñado cargos en el Registro Civil con un sueldo de más de un millón de pesos.

"Si existe algún ciudadano en Chiloé que considere que la información que salió en la prensa amerita una investigación, está en su derecho de solicitar que los organismos competentes actúen. Yo estoy muy tranquila", dijo a radio Chiloé Placencio, que recibió el respaldo del PPD de la zona. No obstante, el diputado de la tienda Joaquín Tuma afirmó que -de comprobarse los antecedentes "debe dar un paso al  lado".

Pese al revuelo por los cuestionamientos, en las filas de la Nueva Mayoría no existe unanimidad sobre el futuro de los gobernadores. Parlamentarios como el senador PS Fulvio Rossi y el diputado PPD Pepe Auth, por ejemplo, son partidarios de dejar estos casos en manos de la justicia.

Los otros dos jefes que han sido objeto de denuncias son Salvador Delgadillo (PC), de Santiago, querellado por el CDE mientras se desempeñó como alcalde de Tiltil, por malversación de fondos públicos. Cristián Fernández, nombrado en Ñuble, presentaría problemas administrativos de su alcaldía en San Fabián de Alico.

Al ser consultado por La Tercera, el Ministerio del Interior no se refirió al tema.