Cuatro leyes distintas pretende modificar la reforma firmada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet para reestructurar el financiamiento de la política.

Al proyecto que ingresará esta semana al Congreso, se sumará una quinta modificación que será presentada antes de abril de 2015 que busca fortalecer la institucionalidad del Servicio Electoral.

Con estas reformas el gobierno aspira a generar un profundo cambio al sistema político chileno. De hecho, la enmienda presentada ayer por la Mandataria contiene cerca de 40 iniciativas (ver recuadros).

Además de prohibir los aportes de empresas y restringir las donaciones reservadas sólo a montos inferiores a $ 1,2 millón, la propuesta considera rebajar a la mitad el techo de gasto electoral, redefinir el concepto de propaganda, transparentar las tarifas de los medios de comunicación, generar un financiamiento estable para los partidos políticos y restringir la publicidad electoral en ciertos espacios públicos, entre otras medidas.

A raíz de las donaciones irregulares que supuestamente habría realizado el Grupo Penta a ciertas campañas, La Moneda propone endurecer sanciones, incluso con penas de cárcel, a quienes infrinjan la legislación. Y los castigos será aplicados por igual al donante del dinero, al candidato o sus representantes.

Cuando la donación irregular sea superior a $ 12,3 millones, los involucrados arriesgan penas -que deben ser aplicadas por tribunales en un proceso judicial- que van de 3 a 10 años. En el caso de un candidato electo o parlamentario en ejercicio, al que se le detecte una donación ilegal en su pasada campaña, ese castigo equivale a una "pena aflictiva", por lo que según la Constitución, esa persona pierde su cargo público. "Con una pena aflictiva podría incluso quedar inhabilitado", explicó el senador PPD Felipe Harboe.

El senador UDI Hernán Larraín dijo que le parece "razonable que haya sanciones duras" y agregó que no se oponía a la posibilidad de que alguien pierda el cargo si es que se llega a configurar un delito.

Sin embargo, esta sanción no es automática, ya que depende de la decisión de un tribunal. Por esa razón algunos piden un castigo directo. "Es un león con dientes de leche. No tiene que haber sanciones indirectas, tienen estar consignada en la ley", dijo el PS Alfonso de Urresti.

CLAVES DEL PROYECTO