Una serie de críticas provocó en la oposición el proyecto del gobierno -presentado el día de ayer por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro Rodrigo Hinzpeter- que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos.
Entre otras disposiciones, la iniciativa establecería una pena de cárcel de hasta tres años para quienes recurran a la toma de establecimientos educacionales, como liceos, colegios y universidades, ya sean públicos o privados. Esto, en momentos en que la mesa de diálogo por el conflicto estudiantil se encuentra en su etapa inicial.
Justamente este aspecto es el que genera uno de los mayores reparos entre parlamentarios de la Concertación consultados por La Tercera, a pesar de que muchos prefieren conocer en detalle el texto del proyecto.
El jefe de la bancada de diputados del PPD, Pepe Auth, si bien dijo que la iniciativa será analizada "en su mérito", sostuvo que se trata de "una señal más de la incomprensión del gobierno de lo que ocurre en la sociedad, porque en medio del inicio del diálogo, reitera su comprensión del fenómeno como una cuestión eminentemente subversiva".
"Se busca criminalizar el hecho de que los estudiantes ocupen un liceo o los huelguistas se tomen una empresa", recalcó, junto con señalar que la propuesta es, a su juicio, "una señal para su electorado".
La misma postura es adoptada por el jefe de bancada PS, Alfonso de Urresti, quien dijo que "me parece una aberración tratar de criminalizar las movilizaciones estudiantiles".
"El gobierno debiera enviar un proyecto para meter a la cárcel a los delincuentes de La Polar", agregó.
Consultado respecto a cómo se espera que se dé la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento, el diputado socialista advirtió que "no va a prosperar".
En la misma línea se mostró el senador DC Jorge Pizarro, quien manifestó que "parece bastante absurdo insistir en la vía represiva, en vez de buscar las causas que generan las movilizaciones".
"No es más que el reflejo de la visión autoritaria del gobierno", aseguró.
