Después de 14 días en huelga de hambre, la machi Francisca Linconao -acusada por el Ministerio Público de haber participado en el incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en 2013-, decidió terminar con esta protesta. Esto, luego que ayer la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la prisión preventiva de la imputada, dejándola sujeta a arresto domiciliario total y arraigo nacional, descomprimiendo un tenso ambiente en la IX Región.
No obstante, la resolución judicial abrió otro flanco de polémica: el rol del gobierno en el caso. Si bien el Ejecutivo es querellante en la causa, no se opuso a que se modificara la medida cautelar que pesaba sobre Linconao. El abogado de la intendencia, Alessando Alvarez, justificó la decisión indicando que "una cosa es la pretensión de persecución punitiva, que la seguimos sosteniendo y otra cosa es la pretensión cautelar. Opinamos que la libertad de la machi no afecta la prosecución del proceso".
Por este motivo, es que parlamentarios opositores de la zona, así como la Multigremial de La Araucanía, solicitaron que el gobierno se retire como querellante en esta causa. De hecho, se espera que hoy a las 9.30 de la mañana, el intendente de la IX Región, José Miguel Herández, reciba a Jorge Luchsinger (hijo del matrimonio asesinado), quien estaría evaluando entregarle una carta dirigida al ministro del Interior, Mario Fernández, donde podría solicitarle que se retiren como querellantes de la causa.
Consultado sobre esta eventual petición al gobierno, Luchsinger señaló que "estamos evaluando la situación todavía y no descartamos nada hasta el momento".
Para la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, el gobierno debiera salir. "Hay una presión evidente, y el Poder Judicial cedió a eso, además se está dando una muy mala señal a las víctimas: si ellos hoy están actuando como defensores mejor que se retiren como querellantes".
En esa misma línea, el senador por La Araucanía, Alberto Espina (RN), dijo que "es absolutamente inaceptable que el gobierno, que es querellante, señale que se debe rebajar la medida cautelar de un imputado (...) Si va a continuar siendo un querellante de cartón es mejor que se retire porque daña el éxito de la investigación y favorece a los imputados y perjudica a las víctimas ".
El diputado por la zona Diego Paulsen (RN), añadió que "el gobierno debería retirar la querella derechamente, porque perdió toda credibilidad".
Acusan presiones
Las críticas por el actuar del Ejecutivo, que se agudizaron tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, también llegaron desde el entorno de la machi. Su vocera, Ingrid Conejeros, puso en duda la motivación del gobierno en su apoyo al cambio de medida cautelar de Linconao.
"Es un gesto que proviene de las presiones que nosotros hemos ejercido bajo distintas actividades y manifestaciones. Esto no obedece a la generosidad y espontaneidad de ellos. Aquí no hay nada que agradecer y reconocer", dijo Conejeros.
Los cuestionamientos a la labor del Ejecutivo también llegaron del Ministerio Público. El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, indicó que la actitud de la intendencia "más allá de sorpresa, eso tiene otro calificativo, y ese calificativo para mí es inconsecuencia (...) A mí, por lo menos, me resulta inconsecuente que en una causa que se interviene como querellante, donde se insta llevar el caso a juicio, y se apliquen cautelares, en una audiencia de amparo se sostenga una posición contraria", dijo el persecutor.
Por su parte, el diputado Gabriel Boric (Ind.), quien ha sido parte del debate generado por la prisión de Linconao, señaló que "nos alegramos por la salud de la machi, que estaba en riesgo, porque esta decisión es fruto de la solidaridad que se generó a lo largo y ancho de todo Chile con este caso".
En tanto, para el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, "la postura del gobierno de cambiar de actuación pone de relieve que todos sus reclamos anteriores tenían un carácter represivo con los mapuches. Ahora lo único que ha hecho es aplicar el sentido común".
Desde la Subsecretaría de Interior, en tanto, sólo indicaron que no comentarán las resoluciones judiciales.
El fallo de la Corte de Apelaciones estableció que Linconao seguirá privada de libertad, pero lo que único que cambiará será el lugar en que se realizará esta medida cautelar: en lugar de ser en un recinto a cargo de Gendarmería, será en su residencia. En esta línea, el abogado defensor de la machi, Jaime López, dijo que "ella en estricto orden va a estar privada de libertad en su casa, por lo tato, esa la interpretación correcta. No está libre, estará sujeta a una medida cautelar".
Desde el entorno de la machi señalaron que podría permanecer en el hospital hasta que se estabilice. Esto podría ocurrir en los próximos días.
