En una decisión que era muy esperada, la Corte Suprema británica rechazó hoy la apelación del gobierno y dictaminó que es el Parlamento el que tiene que dar luz verde al inicio del "divorcio" con la Unión Europea. "La Alta Corte dicta que el gobierno no puede activar el Artículo 50 (del Tratado europeo de Lisboa) sin una ley del Parlamento autorizándolo", afirmaron los jueces, que rechazaron, en cambio, que Escocia, Gales e Irlanda del Norte puedan vetar, como pretendían, la ruptura con la UE.
Los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales consideraron el dictamen como "una victoria para la democracia y el Estado de derecho", según dijo uno de sus abogados, David Greene.
Para cumplir con el fallo, el gobierno presentará "en unos días" un proyecto de ley para iniciar la salida, dijo en el Parlamento el ministro a cargo de la ruptura, David Davis, aclarando que no habrá marcha atrás al Brexit.
Fuentes dijeron a la cadena BBC que el proyecto de ley sería presentado mañana, con la esperanza de que sea aprobado en 15 días en la Cámara de los Comunes. El proyecto será "directo" porque el gobierno está determinado a que se respete la decisión del 52% de los británicos que votó en junio del año pasado por salirse del bloque.
El proyecto "será adoptado a tiempo" para lanzar el proceso de ruptura en marzo a más tardar, como había prometido la primera ministra Theresa May, dijo Davis. La prensa esperaba que el proyecto fuera aprobado para el 31 de marzo, fecha que se puso el gobierno como límite para iniciar las negociaciones por la salida.
"El laborismo respeta el resultado del referendo y la voluntad de los británicos y no va a frustrar el proceso de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa", dijo Jeremy Corbyn, líder de ese partido, dando a entender que no se van a oponer a un proyecto sobre el Brexit.
Pese a que se espera una votación favorable a la salida en el Parlamento, el diario The Guardian señaló que si bien el gobierno espera que la discusión del proyecto sea breve, existen señales preocupantes de que es sólo el comienzo de nuevas responsabilidades. Así, la primera batalla que deberán librar se relaciona con las enmiendas al proyecto y advierte que hay muchas modificaciones que podrían tener profundas implicancias sobre cómo y cuando Reino Unido deja la Unión Europea.
En un discurso ofrecido el martes pasado, Theresa May señaló que será el Parlamento el que debe tener la última palabra sobre el acuerdo que Reino Unido negocie para su salida del bloque.
Por otro lado, que el dictamen no considere a Escocia, Gales e Irlanda del Norte irritó a los nacionalistas escoceses. La jefa del gobierno regional, la separatista Nicola Sturgeon, advirtió que "cada vez está más claro que la voz de Escocia no se oye ni se escucha en Reino Unido". Ante eso, Sturgeon advirtió que los escoceses deben plantearse la independencia.
Gina Miller, directora de un fondo de inversiones y quien presentó un recurso ante la Alta Corte sobre que el Brexit debe ser votado por el Parlamento, saludó la resolución judicial. "Sólo el Parlamento puede acordar derechos a los británicos y sólo el Parlamento puede retirárselos", afirmó a la prensa ante el Tribunal Supremo.