El parlamento regional catalán aprobó este miércoles la composición de una comisión de control que supervisará la consulta independentista del 9 de noviembre, dando un nuevo paso adelante pese a la suspensión cautelar de la ley de consultas por el Tribunal Constitucional español.
En una tensa sesión, la cámara adoptó por 86 votos a favor de las formaciones soberanistas y 48 abstenciones esta primera medida de despliegue de la ley, que debe amparar la controvertida consulta independentista, aprobando la composición de la comisión, una especie de junta electoral.
"El parlamento no puede votar este punto porque será incumplir y, por lo tanto, desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional", advirtió Enric Millo, del conservador Partido Popular en el poder en España, amenazando con llevar la medida ante la fiscalía.
"Pueden tener consecuencias legales ante los tribunales de justicia", agregó.
"Podemos tomar este acuerdo y no cometeremos ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad", replicó Jordi Turull, portavoz de la coalición CiU del presidente catalán Artur Mas.
La creación de la comisión no entrará en vigor hasta que no lo autorice el presidente, que poco antes había descartado ejercer la desobediencia civil.
"No siempre la desobediencia lleva a la victoria", dijo.
Enfrentado desde hace años con el gobierno español de Mariano Rajoy, Mas convocó el sábado la consulta sobre la independencia bajo el amparo de una ley del parlamento catalán que le otorga poderes para celebrar consultas no vinculantes.
Dos días después, tanto la ley como la convocatoria fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional al aceptar a trámite los recursos presentados por Madrid.
El gobierno regional anunció el martes que plantará batalla jurídica y se mostró "determinado" a continuar con la consulta, aunque detuvo los actos preparatorios que pudieran comprometer a funcionarios públicos, no sin provocar nuevas tensiones entre soberanistas.
"Ni acataremos ninguna suspensión ni aceptaremos que se acate esta suspensión", afirmó David Fernández, de la extrema izquierda independentista CUP.
"Las calles estaban llenas de gente pidiendo que continuáramos", dijo Gemma Calvet, de los independentistas de ERC, segunda fuerza parlamentaria y principales aliados de CiU.
El día anterior, miles de catalanes respondieron a la sentencia judicial con manifestaciones en Barcelona y otros municipios de la región para reclamar su derecho a voto.
