El parlamento autónomo de Cataluña, aprobó hoy por amplia mayoría una resolución que  pide la convocatoria, durante la próxima legislatura, de una consulta popular sobre la autodeterminación de la región.

Al término de tres días de debates, la cámara regional aprobó por 84 votos a favor, de un total de 131, una propuesta de resolución negociada entre los  partidos nacionalistas e independentistas.

"El parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura", tras las elecciones regionales del 25 de noviembre, dice la declaración, citada por AFP.

Sólo votaron en contra el Partido Popular (PP, en el gobierno en Madrid) y el pequeño partido catalán Ciutadans. Los socialistas catalanes se abstuvieron,  salvo uno de sus diputados, Ernest Maragall, que desobedeciendo a la disciplina  de partido votó a favor.

La resolución es sin embargo una mera declaración de intenciones con peso simbólico pero sin valor vinculante.

El presidente del gobierno autónomo catalán, el nacionalista Artur Mas,  anunció el martes pasado la convocatoria de elecciones anticipadas tras la negativa del ejecutivo central de Madrid a negociar con la región un nuevo sistema que le permita gestionar sus impuestos.

Asfixiada por la crisis, Cataluña, otrora motor económico del país y ahora  su región más endeudada, ve crecer el fervor nacionalista, que el pasado 11 de  septiembre sacó a un millón de personas a las calles de Barcelona para reclamar  la independencia de una España a la que achacan sus problemas financieros.

GOBIERNO REPLICA
La convocatoria de una consulta sobre la independencia "sería no conforme  con la Constitución" española, afirmó en Madrid la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. "No sólo hay instrumentos jurídicos y judiciales para pararlos sino un  gobierno, este gobierno, que está dispuesto a usarlos", agregó.

Según la personera la convocatoria de un eventual referéndum soberanista en Cataluña tiene que ser autorizado por el Estado. Ya que si se hiciera una convocatoria recurriendo a la ley catalana, el gobierno español podría recurrir al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto.

"Es decir que si se adoptara la decisión de convocar un referéndum de esa naturaleza inconstitucional, se va directamente al Tribunal Constitucional" y se "suspende la convocatoria" de la consulta "nada más lo pida el gobierno", puntualizó la viocepresidenta, detalla EFE.