El Parlamento español aprobó hoy tramitar por la vía de urgencia la reforma que limita la actuación de los jueces españoles en casos de justicia universal, solo con los votos del gubernamental Partido Popular (PP centroderecha).

Toda la oposición denunció un "abuso impropio" de la mayoría absoluta del PP para imponer un procedimiento que supone tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas y se ausentó a la hora de la votación.

El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no cuestionó el plante de la oposición al afirmar que "tanta legitimidad" tiene el PP para presentar una iniciativa como el resto de los grupos para negarse a participar en la votación si consideran que esa debe ser su respuesta.

Durante el debate, el Partido Socialista (PSOE), principal partido de la oposición, criticó que la "urgencia" del PP por liquidar la justicia universal le haya llevado a burlar las competencias del poder legislativo y a saltarse "las reglas del juego" al no contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario.

La reforma, que se aprobará el próximo jueves en otro pleno extraordinario, supone restringir las condiciones en las que un juez puede investigar delitos cometidos fuera de España.

El proyecto propone que los jueces solo puedan investigar los delitos de la llamada justicia universal, como los de genocidio o lesa humanidad, cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. 

Esta reforma puede afectar a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la investigación de la represión en el Tibet.

Por esta causa, el pasado noviembre Audiencia Nacional española dictó sendas órdenes internacionales de detención contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro ex dirigentes de ese país, que ha provocado protestas en el gobierno del país asiático.

La Audiencia Nacional tramita en este momento también otras causas bajo el principio de justicia universal, como la muerte del cámara español de televisión José Couso en Irak, el genocidio en Guatemala y Ruanda, los vuelos de la CIA, una querella contra cuatro guardias de la SS o la causa sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile.