Profesores argentinos iniciaron hoy una huelga que dejó sin clases a millones de alumnos de escuelas públicas en 18 provincias, en un desafío a la política de moderación salarial que impulsa el gobierno de Cristina Fernández pese a una elevada inflación.
La huelga fue lanzada luego que el Ministerio de Educación clausurara las negociaciones por aumento de salario inicial para los maestros al imponer un incremento de 19,7% a 2.800 pesos (636 dólares), monto que los docentes habían rechazado.
"Tiene una alta adhesión la medida de fuerza por 24 horas", dijo Stella Maldonado, secretaria general del sindicato de docentes CTERA. Se espera que más de medio millón de maestros se adhiera al paro a lo largo de la jornada. Maldonado dijo que recientes palabras críticas de la Presidenta Fernández hacia los docentes "dotaron de más razones a la huelga".
En su mensaje anual de apertura de los trabajos del Congreso, Fernández dijo que los maestros "trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones". Algunos sindicatos de docentes reclaman aumentos de salarios de hasta un 30%.
El sector privado sigue de cerca las conversaciones por salarios del sector público. Empresarios locales, con un escenario global volátil, han sido especialmente enfáticos en estos meses en que será muy necesaria la "moderación" salarial para buscar mantener sus ventas.
Economistas afirman también que las negociaciones salariales, que en los próximos meses se extenderán a todos los sectores, serán claves para marcar el nivel de inflación del 2012 en el país.
También aseveran que el gobierno está dando señales implícitas de buscar una moderación en los incrementos salariales para impedir una mayor erosión de la competitividad local.
El gobierno reconoce oficialmente una inflación menor al 10% anual, aunque en los últimos años ha homologado acuerdos de incremento salarial cercanos a los de la evolución del costo de vida calculada por economistas privados, en torno a un 25% en el 2011.
Existe la sospecha generalizada de que las estadísticas oficiales están manipuladas para informar un índice menor al verificado, según denuncias de opositores, economistas y hasta de empleados del instituto que las elabora.
