En pocos días, la ciudad de Sao Paulo recibirá a miles de turistas para presenciar el partido inaugural de la vigésima edición del Mundial de Fútbol que jugarán Brasil y Croacia. Pero ayer, la mayor ciudad de Brasil, que alberga a 20 millones de personas en su área metropolitana, era un verdadero caos. Al segundo día de la huelga del transporte público se le sumó el paro nacional de actividades de la policía civil.
Cerca de 1.200 autobuses estaban fuera de circulación -un 8% del total de la flota de la ciudad-, aunque el caos fue provocado por decenas de buses atravesados en las calles que impedían el tránsito de los vehículos. Sólo el tren y el Metro funcionan con normalidad, pero ayer estaban atestados de pasajeros que debían luchar por un lugar dentro del carro. Como medidas inmediatas, la municipalidad suspendió la restricción vehicular, pero eso no bastó para solucionar la situación, que perjudicó a 2,5 millones de personas, según el canal Globo. El secretario de Transportes de Sao Paulo, Jilmar Tatto, criticó a los huelguistas del transporte, quienes iniciaron el paro luego de no aceptar el reajuste salarial del 10% que acordó el sindicato con la empresa de transportes. "Ni siquiera sirve poner la reserva de (autobuses de) la empresa en las calles, porque no tienen cómo pasar", señaló Tatto a la agencia de noticias Dpa.
En la mañana, el atochamiento en la ciudad provocó tacos que sumaban 94 km. Por su parte, Gilberto Carvalho, ministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, calificó como "irresponsable" la medida de los transportistas, pero se mostró confiado en que las protestas irán disminuyendo a medida que se acerque la inauguración de la Copa del Mundo, el 12 de junio. "Lo que estamos esperando es que haya sentido común, (que) a medida que viene llegando la Copa esas protestas se reduzcan y que las personas sepan que ellas no pueden castigar a la población en busca de un objetivo sectorial. Aprovecharse de esa oportunidad (de visibilidad durante el Mundial) es algo peligroso, que se puede volcar contra la población", alertó Carvalho.
Pero el conflicto del transporte parecía anoche acercarse a una solución, luego de que Valdevan Noventa, presidente del sindicato de conductores de Sao Paulo, asegurara a la agencia AFP que el paro se levantaría a la medianoche de ayer.
Sin embargo, las autoridades no sólo responsabilizaron a los choferes del transporte público, sino que les atribuyeron parte de la culpa a los 100 mil efectivos de la policía militarizada de Sao Paulo, quienes habrían tenido una actitud de omisión ante el caos de la ciudad. En tanto, la policía civil concretó ayer un paro de actividades que contó con la adhesión de 13 estados, seis de los cuales serán sede del Mundial en sus ciudades, como Sao Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Salvador, Recife y Manaos. El llamado a la huelga fue coordinado por la Cobrapol (Confederación Brasileña de Trabajadores de Policías Civiles), que previamente había adelantado el cese de actividades por 24 horas.
Además de exigir un reajuste salarial, los efectivos policiales enfocan sus demandas en las medidas de seguridad en el país. Así, le piden al gobierno de Dilma Rousseff el diseño de una política de seguridad pública que englobe a todo Brasil y la creación de un documento de identidad único y de un banco de datos de criminales integrado.
"¿Usted sabe cuál será el legado del Mundial para la seguridad pública? Ninguno. Los índices de criminalidad van a a bajar durante el evento y después todo va a volver a ser igual", aseguró Janio Gandra, titular de la Cobrapol. Ayer, sólo un 30% de los efectivos policiales civiles en esos estados se mantuvo en sus puestos de trabajo para cubrir las denuncias de emergencia. Por su parte, la policía militarizada, encargada del patrullaje y combate del delito, se abstuvo de parar, para satisfacción de las autoridades. La semana pasada, una huelga de la policía militarizada en Pernambuco conllevó a una ola de saqueos, robos y homicidios en su capital, la ciudad de Recife. En el caso de no ser escuchadas sus demandas, la policía civil no descartó una nueva medida de presión durante el Mundial. Pero el gobierno de Rousseff no se quedará de brazos cruzados y ya advirtió la posibilidad de llamar a las Fuerzas Armadas para mantener el orden.