"Hay que distinguir entre los casos que está investigando la justicia, por un lado, y la necesidad de tener un marco regulatorio muy estricto, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, por el otro", afirmó ayer el  vocero de gobierno, Alvaro Elizalde, al ser consultado sobre un eventual acuerdo político para enfrentar la crisis derivada de los casos Penta y Caval.

El ministro -quien visitó uno de los centros de acopio de ayuda para los damnificados del norte del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)- recordó que, en esta línea, el gobierno ha enviado al Congreso proyectos de ley para regular la relación entre dinero y política y que constituyó un Consejo Asesor Presidencial -liderado por Eduardo Engel- que debe presentar la última semana de abril una propuesta para fortalecer la institucionalidad en este tema.

"Esperamos que estas propuestas cuenten con un apoyo significativo de la mayor cantidad de actores, precisamente porque si se requieren cambios constitucionales o cambios legales, estos deben contar con aprobación parlamentaria", remató Elizalde.

Así, el vocero de gobierno tomó distancia de las conversaciones que -en reserva- llevan a cabo la mayoría de los presidentes de partido de la Nueva Mayoría y la Alianza tendientes a encontrar "una solución" para la crisis desatada por las supuestas irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.

El domingo Reportajes  publicó que el Congreso era el escenario en que se estaban desarrollando una serie de contactos para articular un acuerdo transversal. En las conversaciones han participado los presidentes de la UDI, PPD, RN, DC y PS, quienes han coincidido en que se debe buscar una solución política para enfrentar la investigación del Ministerio Público.

Uno de los factores que han retrasado la oficialización del entendimiento es que La Moneda aún no da luz verde a las tratativas.

Ayer, los jefes de partido subieron la presión para sellar un pacto.

"Hay que dar una verdad de todo lo ocurrido. Eso está en manos de la Fiscalía. Pero, paralelo a eso, es perfectamente posible construir un acuerdo amplio de todas las fuerzas políticas sobre un nuevo modelo que se haga cargo del financiamiento de la política y de las buenas prácticas en el servicio público", señaló el timonel del PRSD, Ernesto Velasco.

"El gobierno tiene que ver en qué momento interviene. Me cuesta pensar que en un eventual acuerdo, el gobierno no participe. La Presidenta ha fijado su ritmo y eso tiene que ver con el trabajo del consejo asesor presidencial y también es cierto que se están discutiendo otras alternativas en el Parlamento. El gobierno tiene las formas y los tiempos para actuar", afirmó, por su parte, el líder PPD, Jaime Quintana.

"Los actores políticos estamos llamados a buscar soluciones políticas y los partidos no nos podemos hacer los lesos, los congresistas tampoco y el gobierno tampoco. Debemos estar preocupados de buscar una salida porque la gestión que tenemos para regular el financiamiento de la política es insuficiente", remató el presidente electo de la DC, Jorge Pizarro.

Para hoy, en tanto, en la mayoría de las directivas de las colectividades y en sus respectivas comisiones políticas se tiene contemplado abordar el tema.

En todo caso, los movimientos Evópoli y Amplitud, además del MAS se han desmarcado de participar de un entendimiento.

Quienes forman parte de las tratativas -en todo caso- han sido enfáticos en señalar que cualquier pacto descarta que se intervenga en la investigación de Sabas Chahuán.

En la misa de Pascua de Resurrección, en tanto, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, ofreció la colaboración de la Iglesia Católica para lograr un consenso basado "en la ética y la moral cristiana".