A comienzos de septiembre, el Consejo Directivo del Servel, que preside Patricio Santamaría, se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet. En la cita, los personeros del Servel le plantearon a la Mandataria una inquietud que ya le había expresado meses atrás al ministro Rodrigo Peñailillo: la necesidad de modificar los aportes reservados y las facultades del servicio para investigar y fiscalizar todo lo que significa la relación dinero y política. A juicio de Santamaría, tienen atribuciones limitadas para abordar casos como el que surgió a raíz de los aportes del Grupo Penta.

¿Qué medidas puede tomar el Servel en un caso como este?

De acuerdo con la legislación vigente, en primer lugar, las personas que pueden hacer denuncias son los partidos políticos o los candidatos independientes que hayan participado de la elección respectiva.

¿O sea, el Servel solo podría ver el tema mediante una denuncia?

Eso es lo primero, lo segundo es que las denuncias deben estar fundadas en el hecho de que un candidato o candidata haya transgredido el límite de gastos electorales al que tenía derecho. Si excedió el límite de gasto electoral, la ley señala que debe ser interpuesta esa denuncia dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la cuenta (de gastos electorales). Hay un segundo caso, como un efecto residual, para aquellas infracciones o faltas que se hubieran cometido, la ley señala que la investigación puede ser un año después, por ejemplo, que un candidato no declaró ingresos o no declaró gastos.

¿Pueden ver un caso sin denuncia?

La ley señala que de oficio, el Servel puede entrar a conocer de situaciones que le parezcan irregulares, pero eso está entendido dentro de la cuenta, de la presentación del balance, de los antecedentes que tome conocimiento el servicio. Existe esa facultad de oficio. De hecho, desde la vigencia de la ley, hay tres casos donde de oficio el Servel ha realizado una investigación.

¿Cuáles han sido esos casos?

Un caso fue el de Publicam, el segundo un caso relacionado con aportes de la refinería de petróleo de Concón y otro caso que afectó la candidatura de un candidato a alcalde de la Región Metropolitana.

¿En el caso de Penta, el Servel contempla abrir una investigación?

Lo que está investigando la fiscalía son hechos ajenos al proceso de financiamiento a través de la Ley 19.884. Lo que hay es una declaración de un profesional, socio aparentemente de una empresa que establece esta denuncia y no existe ningún hecho que esté todavía establecido. No hay hechos que le permitan al Servicio Electoral ingresar y hacer una investigación. Nos enteramos por la prensa. Son hechos que ocurrieron al margen del proceso electoral. Ahora, si tuvieron incidencia o no en el proceso electoral ese es un tema que tiene que determinar la fiscalía e Impuestos Internos, y en ese evento si consideramos que hay una situación probada, donde efectivamente hay fondos o financiamiento irregular de campaña podríamos operar de oficio, pero en este momento no existe eso. Ahora, si en algún minuto se comprobara que hubo un aporte a campañas, ahí podríamos evaluar la situación. Si es así, quiere decir que no se declararon todos los ingresos y tenemos que ver si se excedió o no el gasto, si estaba dentro del gasto permitido. Eso es lo único que nos habilitaría a establecer sanciones que, en este caso, son solamente multas.

¿Pero en las planillas originales cuando se revisaron, aparecía todo en orden?

Aparecía todo dentro del monto que tenían derecho de estar. Aparecían los gastos. No tenemos facultades para investigar si hubo un gasto mayor.

¿Qué sucedería si la fiscalía o el SII piden el detalle de los aportes reservados para candidatos?

Por los antecedentes que tengo no ha habido una solicitud. Pero tenemos la obligación del secreto bancario, nos obliga la Ley General de Bancos. Sí podemos revelar las cifras de los aportes y eso no es inconveniente, pero no los donantes ni los candidatos beneficiados.

¿En qué caso se puede solicitar la apertura de la información?

Eventualmente, de la misma forma en que se puede romper el secreto bancario. La fiscalía con sus facultades de investigación, ante eventuales delitos o irregularidades, podría ejercer sus derechos.

¿No hay mucho margen de maniobras, al parecer?

Creemos que ahí, y lo hemos planteado desde la recuperación de la democracia, además están los reclamos de vecinos, de que no es posible que los candidatos gasten tanto, que empiecen la propaganda antes del período, que gastan mucho más de lo que declaran y todo ese tipo de temas podríamos, eventualmente, fiscalizarlo en la medida que tuviéramos facultades, por ejemplo, para fiscaliza- ciones aleatorias en terreno.

Usted tendrá reunión con los partidos. ¿La idea es que se puede legislar en esa materia?

Estamos muy interesados en que se aclare esta situación. Lo que no queremos como consejo es que llegue una nueva elección y estemos de nuevo discutiendo lo mismo que llevamos discutiendo desde el año 89. Por eso le planteamos al ministro del Interior y a la Presidenta, la necesidad de estudiar una reforma mayor, que incluya los temas conflictivos, la propaganda antes de tiempo, que se modifiquen los aportes reservados, las facultades del servicio para investigar y fiscalizar y todo lo que significa la relación dinero y política.