Reunido a puertas cerradas en el hotel Jingxi, al oeste de Beijing, el Comité Central del Partido Comunista chino (PCCh) inició ayer su Sexto Pleno, un cónclave anual que constituye una prueba de fuego para el Presidente Xi Jinping, que intenta blindar su poder a través de nuevas normas de disciplina mientras comienza la pugna por el relevo de poderes en 2017.
Se trata, según destaca EFE, del encuentro más importante del partido hasta que en el otoño (boreal) de 2017 se celebre el XIX Congreso del PCCh, en el que habrá cambios significativos en la composición de los principales órganos de la formación: el todopoderoso Comité Permanente (7 integrantes), el Politburó (25) y el citado Comité Central.
Bajo la batuta de Xi, la tarea de los alrededor de 370 miembros (permanentes y suplentes) del Comité Central reunidos hasta el jueves es precisamente la de sentar las bases para la transición del poder en vista del XIX Congreso del partido.
En ese sentido, destaca la agencia oficial Xinhua, la sesión se enfocará en "la disciplina en el seno del partido", es decir la lucha contra la corrupción. De hecho, Xi y sus correligionarios someterán a aprobación en este pleno dos documentos: una suerte de código de conducta para los cargos comunistas y otro que revisa las formas de supervisión del Partido.
En el pleno, "habrá maniobras tanto entre quienes apoyan a Xi como entre quienes se sienten amenazados por la campaña anticorrupción y las eventuales nuevas reformas en el sector público", anticipa el experto en política china en la Universidad de Harvard, Anthony Saich, citado por France Presse.
Como anticipo, en el inicio del pleno la Comisión Central de Disciplina del PCCh informó que desde 2013 se ha sancionado a más de un millón de autoridades por corrupción. Otras 409 personas, definidas como fugitivas, fueron detenidas fuera del país este año, consignó BBC.
Pero en los pasillos del sexto pleno también habrá una batalla feroz por el control de la segunda economía mundial. Ello, a raíz de que cinco de los siete miembros del Comité Permanente (todos menos Xi, de 64 años, y el primer ministro, Li Keqiang, de 63) y uno del Politburó se deberían jubilar por sobrepasar los 68 años, según dicta una regla no escrita del PCCh, mientras seis de los 25 asientos de este último órgano pasarán a disputarse por el Comité Central.
Entretanto, jefes regionales del PCCh y otros líderes de departamentos gubernamentales ya están siendo promovidos o defenestrados para dar paso a nuevos candidatos, ya que el XIX Congreso debería dejar entrever quién será en 2022 el sucesor de Xi, que fue elegido en el anterior Congreso, hace cinco años.
Es ahora, según los analistas, cuando arranca la pugna por el poder y Xi intenta empezar a posicionar a sus aliados a la vez que ataca, o al menos amedrenta, a sus contrincantes de otras facciones, en particular la de Shanghai y la Liga de Juventudes (lideradas por los ex Presidentes Jiang Zemin y Hu Jintao, respectivamente). Varios expertos especulan que del pleno salgan ya indicios que sugieran un cambio de orientación, como ignorar la edad de jubilación, a fin de favorecer a aliados de Xi, en particular a su "zar" anticorrupción, Wang Qishan, de 68 años.
Sin embargo, hay dudas en torno a los planes de Xi. Según las normas no escritas del PCCh, en el XIX Congreso debería quedar claro quién será su sucesor. El heredero tendría así cinco años -hasta 2022, cuando expira el mandato del secretario general- para prepararse a dirigir el país. Pero en contra de lo habitual a estas alturas del proceso, sigue sin sonar ningún nombre.
Esta tesis prevé que Xi pudiera, incluso, prorrogar su mandato cinco años más, hasta 2027. "Habría oposición, protestas, pero él tiene el control y sus enemigos no serían lo suficientemente poderosos como para impedirlo", comentó al diario español El País Willy Lam, experto en China de la Universidad de Hong Kong.
